La Defensoría del Pueblo del Perú, pidió al gobierno central de ese país combatir de manera más intensa la minería ilegal con la finalidad de impedir que siga creciendo dicha actividad.
Según un informe de la Defensoría del Pueblo, en la actualidad la minería informal e ilegal está presente en 21 regiones del Perú y cerca de cien mil trabajadores dependen de manera directa de esta actividad.
Representantes de la Defensoría del Pueblo explicaron que la minería ilegal contraviene frontalmente las leyes y el estado de derecho. Afirmaron que la condición de ilegalidad de la minería es causa de enormes perjuicios para la vida y la salud de las personas, y también daña el medio ambiente, la economía y la propia institucionalidad del Estado.
Además se recordó que en la región de Madre de Dios se han perdido cientos de vidas humanas, bosques, tierras y ríos. Desde hace varios meses el gobierno peruano ha iniciado un proceso de formalización de miles de pequeños mineros informales, sin embargo, a pesar de los avances, todavía quedan tareas pendientes para erradicar definitivamente la minería ilegal.
La Defensoría del Pueblo recomendó que en el Presupuesto de la Republica se debe establecer el dinero necesario para implementar las medidas dirigidas a enfrentar la minería informal e ilegal en todo el territorio peruano.
Alicia Abanto, funcionaria en temas de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, señaló que una recomendación que se está haciendo al gobierno central peruano es la creación de un Registro de Usuarios de cianuro y mercurio, insumos muy utilizados por la minería informal. (PULSAR)
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Alicia Abanto, funcionaria en temas de Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo: (546 kB)
