Este jueves los diputados sandinistas aprobaron con 61 votos la ley que permitirá la construcción de un canal interoceánico en el país, un proyecto que el Gobierno apuesta como la salida a la pobreza de los nicaragüenses.
Mientras se aprobaba la ley, en las afueras unas seis organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos minoritarios protestaron y calificaron la acción como “vende patria”.
Según los opositores a este proyecto, con la concesión de la administración de este canal a una empresa china, que tiene oficina en Hong Kong, se violentan derechos constitucionales como la soberanía, derechos ambientales, jurídicos y políticos.
El abogado Gonzalo Carrión, director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENID) y que participó en la protesta, dijo que con esta ley, además de atentar contra la soberanía del país, pone en entredicho el discurso nacionalista del Gobierno sandinista.
La exguerrillera sandinista Dora María Téllez, disidente del partido que dirige el presidente Daniel Ortega y fundadora del Movimiento Renovador Sandinista, dijo que el canal no se va a construir realmente y que la intención del Gobierno es despojar a mucha gente de su tierra.
Sin embargo, los diputados sandinistas explicaron una serie de bondades que ocasionará este mega proyecto, mismo que consideran como una alternativa para superar la pobreza y mejorar la economía de una vez por todas.
La mayoría de las organizaciones ambientalistas del país se oponen a la construcción de dicho canal porque consideran que los daños al medio ambiente serían incalculables y además irreversibles. Además, no se le ha consultado a la población si quiere o no este mega proyecto.
La Alianza Nicaragüense ante el Cambio Climático y la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, conformada por 50 organizaciones sociales, advirtieron al Estado sobre las consecuencias negativas de este mega proyecto, como lo señaló Víctor Campos, activista de la alianza y directivo del centro ambientalista Humboldt. (PÚLSAR)
Nelson Rodríguez – Nicaragua