Centenares de mujeres organizadas en la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV) y otras organizaciones del movimiento de mujeres protestaron en Managua y otras cuatro ciudades del país para exigir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que se mantenga la Ley 779, que castiga todas las formas de violencia contra las mujeres.
En Managua la protesta tuvo lugar frente al aeropuerto internacional, donde llegaron las mujeres con pancartas para exigir al Estado que se respete la ley y que se aplique en vez de reformarla.
Otras protestas similares se desarrollaron en Estelí al norte, en Juigalpa al centro del país y en occidente en León y Chinandega, donde las mujeres se colocaron en las entradas principales de estas ciudades y frente a las delegaciones locales del Poder Judicial.
Los magistrados de la CSJ habían anunciado que a mediados de este mes llevarían la propuesta de reformar la ley ante el Parlamento nacional, el único facultado para este fin, mientras las organizaciones de mujeres exigen a estos dos poderes del Estado desistir de la reforma.
El observatorio de medios de la organización civil Católicas por el Derecho a Decidir, reportó hasta el 14 de junio 43 mujeres asesinadas, de las cuales dos eran niñas.
Al momento que se realizaron las protestas, se conocieron de dos nuevos femicidios en donde los sospechosos han sido sus compañeros de vida; un caso en Chinandega con una joven de 22 años y otra muerte en el triángulo minero en el norte del país donde la víctima fue una mujer policía.
Luz Marina Torres, del Colectivo de Mujeres 8 de marzo, dijo que la violencia ha sido imparable en este año y que se requiere todo el peso de la ley para los agresores. Señaló que el Estado tiene la responsabilidad de aplicar la ley para evitar que continúe el asesinato de las mujeres nicaragüenses, insistió.
De los asesinatos ocurridos hasta ahora, el 30% recurrieron a la mediación, aseguró Elia Palacios, Enlace Nacional de la RMCV.
Hasta ahora las organizaciones de mujeres exigen un presupuesto para la aplicación de la ley, pero no existe información clara de parte de las autoridades al respecto. (PÚLSAR)
Nelson Rodríguez – Nicaragua
