Diversas instituciones de la sociedad civil continuaron emitiendo sus críticas a la Ley N° 30151, publicada por el gobierno peruano, que establece nuevas normas para el uso de armas por parte de efectivos policiales y militares.
Dicha ley que excusa de cualquier responsabilidad penal a los policías y militares que causen muertes y lesiones “en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa”.
Por ejemplo, la oficina nacional de Amnistía Internacional expresó su preocupación sobre la nueva ley y afirma que “envía una señal peligrosa y podría dar lugar a impunidad en casos de violaciones de derechos humanos”.
La organización advierte que esta ley sobre el uso de armas, “podría interpretarse como que se está permitiendo cualquier uso de la fuerza, incluso si fuera ilegal de acuerdo al derecho internacional”, señala Amnistía Internacional.
Indica también que los estándares internacionales establecen que el uso de la fuerza se hace solo “cuando sea estrictamente necesario y de manera proporcional a la amenaza sufrida”.
Amnistía Internacional invoca a que las fuerzas del orden, durante el cumplimiento de su deber, deben en todo momento respetar y proteger la dignidad humana.
La Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en contra de la polémica ley.
Manifiesta que no fortalece la labor policial y militar en la lucha contra la delincuencia, y que en lugar de ello, debilita la protección del derecho a la integridad de los ciudadanos.
Santiago Tamay Silva, defensor del pueblo de la ciudad de Tarapoto, advirtió que la ley permite la posibilidad de que se utilice no solamente las armas reglamentarias, sino cualquier otro medio para tal fin. (PÚLSAR)
Audios:
-
Santiago Tamay Silva, defensor del pueblo de la ciudad de Tarapoto: (859 kB)
