Monedero
Por Carmen R. Ponce Meléndez*
¿Cuántas mujeres no tienen acceso a instituciones de salud? ¿Quiénes son y qué se puede hacer?
El número de trabajadoras y sus familias sin acceso a instituciones de salud son 11.4 millones, representan el 62.9% de la población trabajadora femenina.
Quiere decir que por cada 100 trabajadoras, 63 carecen de servicios de salud, una cifra que puede ser catastrófica si no se actúa (datos ENOE-Inegi, primer trimestre 2013).
En las jóvenes de 14 a 19 años el dato asciende a 84 de cada 100 las que no tienen acceso, mientras que para las mujeres de 60 y más años esta carencia crece a 87.6 puntos porcentuales. El nivel más bajo está en el grupo de 20 a 29 años con 55.3%, más de la mitad.
Para las adultas mayores no hay una vejez digna, este segmento de la población sigue creciendo; una sociedad envejeciendo que demanda cambios radicales en las políticas públicas.
Al analizar el nivel de instrucción se aprecia que a medida que éste aumenta crece la proporción de mujeres que pueden acceder a la salud; las mejores condiciones están en el nivel medio superior y superior con una tasa de carencia del 39.7, pero en este nivel de instrucción sólo participan 34 de cada 100 trabajadoras, son minoría.
El número de mujeres con hijos sin acceso son 8.6 millones, significan 48 de cada 100 trabajadoras del país.
A medida que crece el número de hijas e hijos aumenta la carencia, de tal forma que las mujeres con seis y más hijos presentan la situación más crítica con un 92.5% sin acceso; ellas son las que más necesitan de estos servicios.
Atendiendo a su situación conyugal, el índice más alto de carencia corresponde a “alguna vez unidas” con 68%; son las jefas de hogar y los hogares monoparentales, también las más desprotegidas.
El volumen más alto de población femenina sin acceso está en “actualmente unidas”, con una cifra de 6.1 millones de mujeres, y con un índice de carencia de 65.9 puntos para ellas y sus familias.
Estos hallazgos confirman la estrecha relación entre salud versus desigualdad de género, mercado laboral y polarización socioeconómica.
POBREZA Y ACCESO A INSTITUCIONES DE SALUD
La estrecha relación entre nivel de ingreso y acceso a la salud revela claramente que la desigualdad económica va acompañada de la desigualdad social. Son las trabajadoras más pobres, las de menores ingresos las que presentan los índices más altos de falta de acceso a la salud.
Para el nivel de un salario mínimo, la gran mayoría de las trabajadoras (97.2%) no tienen acceso a tales servicios, cifra superior a la que registra la población masculina.
En contraparte, las que perciben más de cinco salarios mínimos tienen una tasa de carencia de 23.8, pero únicamente son 7 de cada 100 trabajadoras.
De hecho, 11.4 millones de mujeres trabajadoras –58 de cada 100– están en el nivel de 1 a 3 salarios mínimos, un ingreso muy bajo, con el agravante de que el 72% están sin acceso a salud; su empleo ya no les da esa posibilidad. Es la baja calidad del empleo.
DESIGUALDAD REGIONAL
La proporción más alta de población trabajadora femenina sin acceso a salud está en cinco entidades: Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Puebla y Tlaxcala; todas con altos índices de pobreza y marginalidad, así como con una importante presencia de población indígena; son entidades de bajo desarrollo.
Son los estados con mayor rezago epidemiológico y en salud. Datos del “Informe México sobre las determinantes sociales de la salud”, de la UNAM refieren:
“Sobresale el caso de Chiapas cuya tasa de mortalidad materna, en 2008, fue de 96.8, mientras que en Nuevo León fue de 30.1.
Igualmente, la tasa de mortalidad infantil en Guerrero, estimada para 2011, es el doble de la tasa de Nuevo León, cuyos valores son 19.3 y 9.7, respectivamente.
“Asimismo, la esperanza de vida en los estados más pobres del país es alrededor de 1.5 años menor que la de las entidades federativas más desarrolladas”.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su publicación “Health at a glance 2009”, comparativamente México tiene un desempeño en salud inferior no sólo en contraste con los países más desarrollados, sino también respecto a las cifras que presentan la República Checa, Corea, Polonia o Turquía.
La mortalidad por cáncer cérvico uterino en México en 2005 alcanzó una tasa de 11.4 por cada 100 mil mujeres; en Polonia de 6.9; en la República Checa de 4.7; en Corea de 4.3, y en la OCDE de 3.
La evidencia es muy robusta; en el país los resultados en salud son deficientes y además existe una importante desigualdad en salud que también se expresa en género y condiciones económicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) dio a conocer en 2008 los resultados del trabajo de la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud (CDSS), este organismo hace tres recomendaciones fundamentes que son a la vez tres tipos de acción:
1. Mejorar las condiciones de vida, es decir, las circunstancias en que la población nace, crece, vive, trabaja y envejece.
2. Luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos, esto es, los factores estructurales de los que dependen las condiciones de vida a nivel mundial, nacional y local.
3. Medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de las intervenciones, ampliar la base de conocimientos, dotarse de personal capacitado en materia de determinantes sociales de la salud, y sensibilizar a la opinión pública a ese respecto.
De nuevo citando al documento de la UNAM: “La idea de que la desigualdad en salud proviene de las desigualdades de ingreso, educación, empleo y zona de residencia, da lugar a la concepción de una política de salud genuinamente de Estado, transversal, que trasciende –aunque por supuesto implica– la atención de la salud y el acceso a la misma, y que se plantea como meta una sociedad más justa.
“Si la pobreza y la desigualdad se mantienen o si perdura la baja calidad del empleo, la salud del grueso de las y los mexicanos seguirá siendo frágil”. (CIMAC NOTICIAS)
Twitter: @ramonaponce
*Economista especializada en temas de género.
