La familia del joven y organismos de derechos humanos exigieron el juzgamiento del fiscal y del juez de garantías del proceso judicial.
En conferencia de prensa, denunciaron que “durante un año y medio la familia de Luciano Arruga fue vigilada a través de escuchas telefónicas” ordenadas por la fiscal del caso, Celia Cejas.
El pedido de juicio político cuestiona el trabajo de esta fiscal y el del juez de garantías, Gustavo Blanco.
El reclamo judicial lo realizaron familiares de Luciano Arruga junto al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH).
El cuestionamiento central sostiene que los funcionarios judiciales investigaron a los familiares de la víctima. Sin embargo, no indagaron sobre los principales sospechosos de la desaparición: policías de la localidad de Lomas del Mirador, en la periferia de Buenos Aires.
Los funcionarios cuestionados tuvieron el caso en sus manos hasta enero de este año, cuando el proceso pasó a la Justicia Federal. El traspaso se produjo por el cambio de carátula de “averiguación de paradero a “desaparición forzada de persona”.
El joven Luciano Arruga fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en La Matanza, parte de la populosa periferia de la capital argentina.
La familia del joven denuncia que Luciano desapareció luego de negarse a robar para policías del Destacamento policial de Lomas del Mirador. Por esto, apuntan a los efectivos como los principales responsables de la desaparición.(PÚLSAR/LATRIBU)
Audios:
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Gastón Chillier, director ejecutivo del CELS, en conferencia de prensa: (494 kB)
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, en conferencia de prensa: (453 kB)
