Diversas reacciones ha causado el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acerca de que “el derecho a la manifestación no es un derecho absoluto”.
El tribunal ha anunciado que las fuerzas policiales están facultadas a dispersar cualquier manifestación pública que no tenga el permiso respectivo.
No solo ello. Según la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, las autoridades venezolanas pueden reprimir las protestas utilizando los “mecanismos necesarios”, aún cuando sean pacíficas.
Además, “el desacato a tales disposiciones podría ser sancionado penalmente”.
Cabe recordar que la Constitución de dicho país dictamina que los venezolanos tienen el derecho a realizar manifestaciones pacíficas y sin armas, solo con los requisitos de ley.
Sin embargo, el Tribunal ha interpretado que ese derecho político no es absoluto.
Esta posición ha provocado una inmediata reacción de los sectores de la oposición venezolana.
Henrique Capriles, líder opositor y gobernador del estado Miranda, mediante en su cuenta de Twitter, opinó que el pueblo venezolano continuará las protestas en las calles “mientras exista este caos y tantos problemas sin respuesta”, escribió.
Mientras tanto, Blanca Rosa Mármol, ex magistrada Emérita del Tribunal Supremo de Justicia, advirtió que la Sala Constitucional está blindando al gobierno chavista y que se está legitimando las represiones contra los manifestantes.
“La Sala Constitucional está violentando los derechos ciudadanos”, opinó la exmagistrada. (PÚLSAR)