Durante el 2013, siguieron causando mucha preocupación en Perú, los conflictos sociales medioambientales vinculados a la presencia de empresas extractivas en las tierras de las comunidades indígenas.
Uno de los conflictos más representativos es el proyecto minero Conga, en la región Cajamarca, que pretende ejecutar la empresa Yanacocha.
Para el economista José de Echave, experto en temas mineros de la Ong Cooperacción, la presencia de los conflictos sociales significa una respuesta de la población en contra de una serie de cambios normativos ambientales que pretende realizar el gobierno del presidente Ollanta Humala.
También dijo que el actual gobierno no ha sacado lecciones de lo que ha pasado anteriormente en el país con los conflictos ambientales.
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En junio, miles de comuneros de Cajamarca, realizaron una marcha de protesta hacia la Laguna El Perol, que fue dirigida por los llamados “guardianes y guardianas” de las lagunas de Cajamarca.
La finalidad fue impedir que la empresa minera construya un reservorio de agua como parte del polémico proyecto minero Conga.
Ellos advierten que la laguna podría convertirse en un tajo abierto de 600 metros de profundidad.
El presidente del Frente de Defensa de Bambamarca, Edy Benavides, denunció que la empresa Yanacocha “continuaría con sus operaciones de manera clandestina”, reveló el dirigente.
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Durante aquellas protestas, el presidente del Gobierno Regional de Cajamarca, Gregorio Santos, también expresó su rechazo al proyecto Conga y criticó a la empresa Yanacocha y al presidente Ollanta Humala, por pretender ejecutar dicho proyecto.
Le recordó al presidente Humala sus promesas durante la campaña electoral. “Honre su palabra presidente Humala, Conga es inviable”, expresó Gregorio Santos.
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Otro importante conflicto socioambiental es el que se vive en la comunidad campesina de Cañaris, en la región Lambayeque al norte del Perú.
Las familias comuneras han protestado por la presencia de la empresa minera canadiense Candente Copper y advierten una posible contaminación del medio ambiente.
Los dirigentes indígenas de Cañaris han revelado que el gobierno peruano incumplió el Convenio internacional 169 sobre pueblos indígenas.
Este convenio establece que los Estados están en la obligación de aplicar una consulta previa a las comunidades sobre las decisiones que afectan a los indígenas.
El abogado Javier Jahncke, representante de la Red Muqui y especialista en conflictos sociales, manifestó que Cañaris es una comunidad campesina de habla quechua y defendió su derecho a la Consulta Previa, tal como lo establece el Convenio 169.
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Durante el 2013, las autoridades intensificaron la criminalización de la protesta contra los dirigentes sociales.
Por ejemplo, se realizó el juicio oral contra 54 dirigentes indígenas que han sido acusados por la fiscalía de ser responsables de la masacre conocida como el “Baguazo”.
Sin embargo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, Aidesep, rechaza la acusación fiscal y afirma que los indígenas protestaron de manera pacífica en defensa de sus territorios ancestrales.
La organización exigió al Estado peruano que no provoque mayores conflictos sociales con los indígenas.
El abogado de Aidesep, Ivan Carrascal acusó al Ministerio Público de haberse convertido en “una máquina de acusaciones contra los líderes indígenas, sin ningún criterio de justicia”, expresó.
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En la llamada “Masacre de Bagua”, en junio del 2009, se produjo un enfrentamiento entre las fuerzas policiales y los manifestantes indígenas en el lugar llamado “La Curva del Diablo”, provocando 34 muertos, entre policías e indígenas.
Sin duda, es el caso más violento y que marcó un hito en la historia de los conflictos sociales en Perú.
Tanto las organizaciones sociales como las autoridades peruanas tienen un gran desafío frente a ellos: dialogar y consensuar acuerdos para evitar un incremento de los conflictos sociales durante el 2014.
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INFORME ESPECIAL: Conflictos medioambientales en Perú: (5 MB)
