La norma deberá volver a ser analizada por la Cámara de Diputados por los cambios introducidos en el Senado.
El proyecto fue aprobado con 16 votos positivos sobre 30, con el apoyo de la bancada oficialista del Frente Amplio. Allí se establece las reglas de exploración y explotación minera en el país.
Durante la sesión se escucharon desde las gradas los rechazos de las organizaciones ambientales del Movimiento por un Uruguay Sustentable y de productores rurales.
La iniciativa señala que los proyectos mineros de gran porte son los que ocupan más de 400 hectáreas de intervención directa o los que tengan una inversión mayor a 100 millones de dólares.
Según el texto, la minería de gran porte se declara de “utilidad pública”, siempre y cuando respete “las reglas y garantías rigurosas de gestión ambiental durante todo su proceso, incluyendo el cierre y el post cierre de las minas”.
Por otra parte, se plantea la instalación de un Fondo Soberano Intergeneracional de Inversión. Allí se destinará 70 % de los ingresos generados por el Estado con esta actividad.
Además, la norma plantea un adicional para la minería del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas.
Pese a la extensa negociación parlamentaria, el proyecto fue rechazado por los senadores de la oposición conservadora. Cuestionaron distintos aspectos vinculados a la regulación ambiental e impositiva.
El Movimiento por un Uruguay Sustentable aseguró que “la ley propuesta es ajena a la realidad del país” porque “sus reservas minerales son pequeñas y de pobre concentración”.
La coalición de organizaciones expresó que “la destrucción del ecosistema y la corta duración de la actividad minera posible fueron confirmadas en la discusión legislativa”.(PÚLSAR)
