En mayo de 2010, Marco Olivo fue asesinado en la comunidad de La Cocha, Cotopaxi. La comunidad indígena castigó a los sospechosos y la justicia ordinaria abrió un expediente.
Recientemente, la Corte Constitucional de Ecuador emitió una sentencia y dictaminó que los delitos no serán juzgados por la justicia indígena sino por la justicia ordinaria.
El delito contra la vida y la agresión sexual ocurridos en el interior de una comunidad no será competencia jurídica de los pueblos indígenas. Así lo ratificó, Gustavo Jalkn, presidente del Consejo de la Judicatura.
“La Corte Constitucional ha dicho que los delitos contra la vida y de agresiones sexuales no estarían dentro de lo que se concibe como conflicto interno. Esto es una norma que todos debemos respetar”, expresó Jalkn.
Sin embargo, los representantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) anunciaron que no acatarán la sentencia de la Corte Constitucional.
Jorge Herrera, presidente de la CONAIE, dijo que tienen derecho a resistirse a acatar esta sentencia.
Según el dirigente indígena, la resolución de la Corte viola el artículo 171 de la Constitución, que habla de los derechos de los pueblos indígenas.
En dicho artículo se establece que los pueblos indígenas tienen la capacidad para resolver sus problemas internos.
“Lo que se está queriendo es exterminar los derechos indígenas y están vulnerando la Constitución”, expresó Herrera.
Para Carlos Pérez Guartambel, presidente del movimiento indígena Ecuarunari, esta sentencia desconoce y viola el primer artículo de la Constitución. Este artículo define al Estado como Plurinacional e Intercultural.
El presidente de la Ecuarunari anunció también que el jueves el Parlamento de los Pueblos andinos presentará una queja en la Relatoría de la Naciones Unidas. Esto, según ellos, por la intromisión de la Corte Constitucional en la justicia indígena. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)
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Jorge Herrera, presidente de la CONAIE: (238 kB)
