Casos legales y medios CC en Honduras

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Durante el 2011 la crítica situación de la libertad de expresión en Honduras continuo empeorando, muy a pesar de los compromisos asumidos por el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, institución ante la cual se comprometió a investigar los crímenes –asesinatos y agresiones- relaciones con periodistas, además de prometer el reconocimiento de los medios comunitarios.

La evidencia ha mostrado todo lo contrario. Durante el 2010 se registró la violenta muerte de 10 periodistas y, hasta la fecha, ninguna de ellas haya sido investigada debidamente. El último, de tan penosa lista, fue el periodista Henry Suazo, muerto en La Ceiba en diciembre de ese año, a un mes de los compromisos asumidos por el presidente ante la ONU. El caso sigue sin ser investigado ahondando el abismo de la impunidad y el riesgo de realizar una labor periodística.

Los ataques contra medios de comunicación y periodistas en Honduras se han incrementado, muchos de ellos realizados por funcionarios del mismo gobierno. Frente a esta situación, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH alertaron a través de comunicados de prensa de la situación de desamparo en la que se encuentran los periodistas sin que el Estado responda con la normativa adecuada.

Pese a las promesas de aumentar los recursos destinados a mejorar la investigación de los atentados contra los periodistas, el gobierno ha reducido en 50% la cifra prometida para que el Ministerio Público investigue de oficio los casos de violaciones de derechos humanos, institución que no ha recibido nada de lo estipulado. Los derechos humanos son vulnerados por el gobierno mas no defendidos por él.

El caso del exilio forzoso en 2011 de Leo Valladares, ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, muestra el abandono en que se encuentran los DDHH en Honduras. Valladares[1], cuando ejercía el cargo de Comisionado, presentó un informe preliminar sobre los Detenidos Desaparecidos, al segundo año de su mandato, y un informe sobre ejecuciones arbitrarias y sumarias, además de un informe sobre libertad de expresión, todo ello al final de su período al cargo. Luego de ello fue constantemente hostigado y perseguido, e incluso su familia fue víctima de robo y agresión, situaciones que precipitaron su salida del país.

El 5 de enero de 2011, Esdras Amado, director del Noticiero “Así se informa” del canal 36 fue amenazado de muerte por un Teniente Coronel llamado Rodolfo de Jesús Méndez Martínez. Ese mismo día, personas vistiendo el uniforme del Servicio de Medición Eléctrico de Honduras, ingresaron a las instalaciones del COPINH, amenazando de muerte a los integrantes de la organización para luego cortar la luz eléctrica. El día 20 de enero, la radio comunitaria Faluma Bimetu (Coco Dulce) es amenazada por segunda vez con ser incendiada y debe cerrar temporalmente. Asimismo, un grupo de periodistas fueron agredidos por la seguridad del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, en un acto oficial el día 29 del mismo mes.

El día 12 de febrero del mismo año, Dagoberto Posadas, activista del Sindicato de Trabajadores del Patronato Nacional de la Infancia SITRAPANI y miembro de la Comisión de Comunicación del Frente Nacional de Resistencia Popular FNRP, fue intimidado por hombres armados. Días después, el 15 de febrero, un grupo de personas del Departamento Nacional de Investigación Criminal (DNIC) se presentó en las instalaciones de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande para supuestamente averiguar sobre la construcción de un hotel al lado de la radio y avisar sobre una orden de captura por no respetar el mandato de cierre de la emisora.

El 17 de marzo del 2011 se perpetró un atentado contra Franklin Meléndez, director de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande. El autor del crimen, Porfirio Medina, amenazó además a Ethel Correa, corresponsal de la radio, indicándole que sería “la próxima en morir”. El hecho sigue sin ser investigado.

El día 22 del mismo mes, la reportera de Canal 36-Cholusat Sur Lidieth Díaz y su esposo David Romero, director de Radio Globo, fueron atacados mientras daban cobertura a una manifestación en el magisterio en marzo en la ciudad de Tegucigalpa. Imágenes captadas del momento muestran a la periodista intentando hablar con los policías, quienes respondieron lanzándole directamente una bomba de gas lacrimógeno. Por otra parte, la directora de Radio Gualcho, Sandra Maribel Sánchez y el camarógrafo de Globo TV, Uriel Rodríguez, recibieron disparos con balas de caucho de parte de policías para robarles los equipos de transmisión.

El 30 de marzo la Policía Nacional hondureña capturó a Pedro López, corresponsal de Radio Progreso, mientras cubría la toma de una carretera por parte del Frente Nacional de Resistencia en el Departamento de Cortés. El mismo día, el periodista David Corea Arteaga del Centro de Noticias de Colón (CNC) fue herido en el rostro por una bala disparada por militares mientras cubría un violento desalojo de manifestantes.

El día 7 de abril se registró un nuevo atentado contra la Radio Faluma Bimetu, en el que la casa del director Alfredo López fue incendiada por desconocidos, uno más de los atentados sufridos por esta emisora desde el golpe de Estado de 2009, una emisora dedicada a defender el derecho a la tierra –entre otros- de la comunidad Triunfo de la Cruz. El 16 de abril, Pedro Canales, periodista de la radio La Voz de Zacate Grande, fue víctima de dos atentados contra su vida: en el primero colocaron clavos en las llantas del vehículo, en el segundo le apuntaron con armas luego de haber sido interceptado.

Otro caso de alta gravedad es el de Medardo Flores, periodista asesinado la noche del 8 de septiembre del 2011 durante una emboscada al regresar de una propiedad cerca a Puerto Cortés, en la costa caribe. Flores fue en vida un trabajador de la estación Radio Uno de San Pedro Sula, además de ser parte del departamento de Finanzas del Freten Amplio de Resistencia Popular (FARP), partido del derrocado presidente Manuel Zelaya.

Coincidentemente, horas antes se registró el asesinato de Emo Sadloo, partidario también del FARP. En un lapso de 18 meses, un total de catorce periodistas hondureños y el dueño de un medio de comunicación han muerto sin que los crímenes hayan sido investigados. Las investigaciones no pueden excluir el componente político del caso, según afirma Reporteros sin Fronteras:

“Será difícil para las autoridades excluir a priori la pista política o profesional en el presente caso. Además de ser militante del FARP, Medardo Flores trabajaba en una radio conocida por su apoyo al ex presidente Manuel Zelaya. Así, se encontraba expuesto por ambos lados. Esta noticia enluta una vez más a la profesión en uno de los países más peligrosos del continente para los periodistas, y constituye también un hecho muy inquietante para el futuro frágil proceso que comenzó con el Acuerdo de Cartagena y la reintegración de Honduras a la Organización de Estados Americanos (OEA).”[2]

Lamentablemente, las amenazas y los atentados no cesaron con la muerte de Medardo Flores. Radio Uno ha sufrido el constante asedio de la policía y el ejército luego del golpe de Estado, incluso el director y fundador, Arnulfo Aguilar, pudo salvar de morir en un ataque realizado a su hogar en abril del 2011.