La manifestación frente a la Fiscalía General en Asunción repudió la orden de arresto contra 3 familiares.
Es porque el fiscal José Zarza imputó y ordenó la captura de 3 miembros de la Comisión de Víctimas de la Masacre de Curuguaty.
Martina Paredes, Mariano Castro y Darío Acosta fueron imputados por los cargos de invasión de inmueble ajeno.
Se los acusa de realizar una chacra comunitaria de autosustento y en forma de homenaje a sus familiares asesinados en las mismas tierras de Marina Cue.
Se trata de la hacienda donde se desató la represión policial a un asentamiento campesino que finalizó con la muerte de 11 campesinos y 6 policías el 15 de junio de 2012.
Los terrenos están aún en disputa judicial ya que la firma Campos Morombí las reclama como propias. La firma pertenece al Grupo Riquelme, propiedad del fallecido político del Partido Colorado, Blas Riquelme.
Los miembros de la Articulación por Curuguaty denunciaron la persecución que sufren los integrantes de la Comisión de Víctimas. En el mismo sentido, recordaron el asesinato en 2012 de Vidal Vega, un dirigente campesino y testigo clave del caso.
Cabe señalar que por este episodio sólo serán juzgados 12 campesinos, según la acusación del fiscal del caso, Jalil Rachid.
La Masacre de Curuguaty precipitó el juicio político que, en tiempo record y sin las garantías de defensa, destituyó a Fernando Lugo de la presidencia de Paraguay.(PÚLSAR)
