La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas reportó 89 agresiones a defensores de los Derechos Humanos entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012.
De acuerdo con lo datos difundidos en el último balance emitido por la representación regional de la ONU, 22 activistas y cinco integrantes de sus familias fueron asesinados desde 2006.
El informe detalla que el 50% de los ataques fueron amenazas y hostigamiento, el 24% está integrado por detenciones e injerencias arbitrarias, el 11% fueron homicidios, un 6% atentados y un 2% está relacionado con desapariciones forzadas.
El documento añade que en un segmento mayoritario del 61% de las agresiones, los indicios advierten que la responsabilidad podría recaer en actores no estatales relacionados principalente con cacicazgos locales o lo que es lo mismo, personas con o sin cargo político que interfieren en asuntos políticos y administrativos por encima de las prácticas democráticas.
Sin embargo, en el 21% de los ataques la responsabilidad recae en funcionarios relacionados con la administración pública federal, autoridades municipales y operadores de justicia, mientras que en 39% de los eventos no existe algún actor identificado.
El expediente revela que la mayor parte de agresiones contra defensores se registraron en los estados de Oaxaca, al sur de México, en los norteños estados de Chihuahua y Coahuila, en Guerrero y el Distrito Federal.
El reporte añade que al momento de recibir las agresiones, los activistas trabajaban temas relacionados con la defensa de los derechos de la población migrante, los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales.
En torno al clima de impunidad en México, el texto resalta que tan solo en 37 casos las autoridades iniciaron las investigaciones pero únicamente en cinco casos se identificó a los agresores; en solo tres casos se logró la detención de los responsables pero hasta la publicación del informe, ningún perpetrador había recibido sentencia.
Javier Hernández Valencia, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas puntualizó que si bien la responsabilidad para investigar y sancionar estos delitos recae en el ámbito federal, los gobiernos locales también tienen que indagar y castigar las agresiones pues un trabajo en conjunto “lograría reducir en buena medida las agresiones”.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas detalla que la falta de una sanción para los agresores agrava el nivel de riesgo para los defensores y contribuye a la repetición de los atentados.
Ante tal escenario, la entidad emitió al menos 9 recomendaciones al Estado mexicano para garantizar la seguridad de los defensores. (PÚLSAR)
Alejandro Pacheco – México
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Javier Hernández Valencia: representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2 MB)
