La organizacion humanitaria estadounidense Human Rights Watch (HRW) documentó 249 desapariciones forzadas de 2006 a 2012, durante la gestión del mandatario mexicano Felipe Calderón.
HRW encontró pruebas contundentes que dan cuenta de la participación de las fuerzas armadas en 149 de estos casos.
La agrupación resaltó que existen evidencias de que en 20 casos, perpetrados entre junio y julio de 2011 en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, al norte de México, las fuerzas de seguridad habrían planificado y coordinado las desapariciones.
Además, Human Rights Watch encontró evidencias de que en 60 casos agentes estatales colaboraron directamente con la delincuencia organizada para concretar la desaparición de personas y/o para extorsionar a sus familiares.
Asimismo, las pruebas indican que policías locales en Pesquería, Nuevo León, detuvieron arbitrariamente a 19 trabajadores de la construcción en mayo de 2011 y los entregaron a la delincuencia organizada. Desde entonces, se desconoce el paradero de estos hombres.
La organización advirtió que estas desapariciones no representan la totalidad de los incidentes, por el contrario, reconoció que de acuerdo con las estadísticas oficiales elaboradas por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Gobernación filtradas a los medios de comunicación, podrían existir al menos 25 mil desaparecidos desde 2006.
En voz del director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, “el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia”; añadió que “a pesar de que ha anunciado medidas importantes para asistir a las víctimas, todavía debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
Ante tal escenario, Human Rights Watch instó al gobierno mexicano a cumplir con un plan de cuatro puntos que contempla la creación de bases de datos nacionales sobre personas desaparecidas y restos humanos no identificados, la reformación del Código de Justicia Militar que garantice la investigación y juicio a militares que violen los derechos humanos, entre otros aspectos. (PÚLSAR)
Alejandro Pacheco – México
