Diversas instituciones de la sociedad civil, ecuatorianas e internacionales, criticaron al gobierno del presidente Rafael Correa, por pretender ampliar sus poderes para “controlar, sancionar o disolver” a las organizaciones no gubernamentales (Ongs) independientes.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, calificó la pretensión de controlar a las Ongs como “el retroceso más grave ocurrido en la región en los últimos 20 o 25 años”.
Vivanco advirtió que los funcionarios gubernamentales ahora tendrán el poder de “decidir qué pueden decir o hacer las organizaciones”. Alertó que esta situación “debilita el rol de las Ongs como contralor de los actos del gobierno”, aseveró Vivanco.
Mediante un comunicado, la organización Human Rights Watch solicitó al gobierno ecuatoriano que revoque el decreto presidencial que permite la supervisión y disolución de las Ongs.
El pasado 4 de junio, el gobierno de Ecuador emitió un decreto donde establece “nuevos procedimientos” para el funcionamiento de las Ongs y donde asume el poder de disolverlas bajo el argumento de que “afectan la paz pública”.
De igual manera, el decreto dictamina que las Ongs internacionales deberán superar un proceso de evaluación para poder operar en Ecuador.
Según el comunicado de Human Rights Watch, el gobierno ecuatoriano está atentando contra el derecho a la libertad de asociación, porque está limitando “la posibilidad de las organizaciones de elegir quiénes pueden ser miembros o participar en ellas”, señala el comunicado.
Cesar Ricaurte director de la Ong ecuatoriana Fundamedios, que se dedica a la protección de los derechos y de la libertad de expresión, también rechazó las intenciones del gobierno de Rafael Correa.
Explicó que el decreto pretende controlar a las organizaciones de la sociedad civil y es una violación a una serie de tratados de derechos internacionales. (PULSAR)