La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, condenó recientemente al gobierno Chileno por la violación de derechos de un grupo de indígenas mapuches.
Los derechos vulnerados son el de presunción de inocencia, y el principio de igualdad y no discriminación.
Los mapuches habían sido procesados y condenados por hechos ocurridos en 2001 y 2002 en las regiones de Biobío y Araucanía. Las acusaciones eran por presuntos delitos “terroristas”.
Ahora, la CIDH ordenó al Estado de Chile dejar sin efecto las condenas por terrorismo contra siete indígenas y una activista.
El gobierno de Michelle Bachelet tendrá que revocar las condenas, borrar los antecedentes judiciales, administrativos, penales o policiales. Además entregará una reparación económica a las víctimas de 150 mil dólares a cada uno y apoyo psicológico a los familiares.
Los siete los indígenas condenados fueron: Segundo Norín, Pascual Huentequeo, Víctor Ancalaf, Florencio Marileo, José Huenchunao y Juan Millacheo. También la activista Patricia Troncoso.
El pueblo indígena mapuche reclama que están siendo discriminados por la Ley Antiterrorista en el Chile. Señalan que esta ley viola sus derechos.
El conflicto social de los mapuches con el Estado de Chile lleva más de 15 años. Los indígenas reclaman el derecho a sus tierras, la construcción de carreteras y la instalación de proyectos energéticos sin problemas forestales.
Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), señaló que para ellos la resolución sienta un precedente a la causa mapuche.
“No se puede condenar sobre la base de estos testimonios y que si esto ocurre es una falta grave a las garantías. El estado nos tiene que otorgar garantías”, señaló.
Por su parte, el dirigente mapuche Víctor Manuel Ancalaf Llaupe, uno de los beneficiados por el fallo de la CIDH, señaló que el Estado chileno debe cumplir todas y cada una de las reparaciones impuestas por el tribunal. (César Joao Espinoza – Agencia Púlsar)
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Victor Ancalaf, dirigente mapuche: (627 kB)
