El debate sobre el proyecto de Ley de Tierras dentro de la Asamblea Nacional mantiene alerta a los sectores indígenas y campesinos.
Si se aprueba, la ley pretende combatir las propiedades rurales que no tengan un fin productivo. Cuando sea identificada una tierra con estas características entonces las autoridades darán un plazo para que su dueño demuestre que está en uso.
El 20 de marzo de 2012, luego de una marcha, dirigentes de la Red Agraria entregaron el proyecto de Ley de Tierras, de iniciativa popular, a la Asamblea Nacional, con 40 mil firmas aprobadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
La norma fue aprobada en el primer debate y ahora se apresta a convocar a una consulta prelegislativa.
Sin embargo, la demora en la norma ha generado una división en los sectores que impulsaron el proyecto.
La Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro, la Confederación Nacional de Afiliados al Seguro Social Campesino (Confeunassc) y algunas organizaciones se interpusieron para frenar el trámite del proyecto.
Sin embargo, dirigentes de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras (Fenocin), de la Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI) y organizaciones montubias respaldan el proyecto.
Dichas organizaciones están dispuestos a participar en los debates, cuando se convoque a la consulta prelegislativa.
Según el presidente de la Ecuarunari, Carlos Pérez Guartambel, “no hay mayor esperanza de que se les permita promover cambios importantes en el contenido de la normativa, sí se alista la participación en la consulta prelegislativa”.
Por su parte, el representante de la Coordinadora Nacional de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, Marco Calderón, dijo que se debe construir el dialogo y debatir juntos sobre las propuestas que giran en torno a la construcción de esta ley.
“El articulo 282 faculta al Estado normar el acaparamiento de las tierras y el agua, sin esto es imposible que exista soberanía alimentaria. Con esta realidad, en donde 133 productores del agro negocio son propietarios demás de la mitad de las tierras”, explicó Calderón.
Recordó que 600 mil familias de medianos productores son solamente propietarios del 6,8% de las tierras en el país, por lo que es necesaria la vigencia de una ley que regule el acaparamiento de las tierras. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)
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Franklin Columba, coordinador nacional de la de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras (Fenocin): (503 kB)
