En agosto de este año asumió la presidencia de Paraguay el empresario Horacio Cartes. Su asunción significó la apertura de relaciones con el Mercosur, luego de su suspensión en 2012.
Paraguay permanecía suspendido del bloque regional por la falta de garantías democráticas durante el juicio político “express” que destituyó a Fernando Lugo en junio del año pasado.
La victoria electoral de Cartes en abril de este año cerró el círculo abierto por el golpe institucional parlamentario impulsado por las históricas fuerzas políticas de Paraguay: el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico.
La presidencia del potentado empresario marca la vuelta del conservador Partido Colorado al Ejecutivo paraguayo, luego de la presidencia de Fernando Lugo.
La jornada de asunción de Cartes estuvo marcada por el conocimiento del asesinato del dirigente campesino, Lorenzo Areco, en el departamento de Concepción.
No fue el último campesino asesinado durante 2013 en ese departamento. En total fueron 5 campesinos muertos este año a manos de sicarios.
Estas muertes señalan la punta del problema abierto en el campo paraguayo con la expansión de los cultivos de soja y con el acaparamiento de tierras.
Hasta septiembre de este año, la exportación de soja superó los 2 mil millones de dólares durante 2013, según datos del Banco Central de Paraguay.
El presidente paraguayo vetó en octubre una iniciativa que planteaba un impuesto de 10 % a la exportación de soja, trigo, maíz y girasol en estado natural.
Con esta decisión, el Poder Ejecutivo dejó sin efecto la posibilidad de recaudar alrededor de 300 millones de dólares anuales.
El veto presidencial fue acompañado por esos días por una importante actividad legislativa para respaldar sus medidas de gobierno.
Las medidas políticas más cuestionadas por los sindicatos y organizaciones progresistas son las aprobadas Ley de Alianza Público Privada y la Ley de Responsabilidad Fiscal.
La Ley de Alianza Público Privada abre las puertas a los capitales privados para realizar infraestructura pública y hacerse cargo de servicios públicos en general.
Además, la norma entrega al Ejecutivo la potestad de autorizar las inversiones sin la intervención del Congreso ni la aplicación de la Ley de Contrataciones Públicas.
Por otra parte, la Ley de Responsabilidad Fiscal expresa que el déficit fiscal anual de la Administración Central no será mayor a 1,5 % del Producto Interno Bruto estimado para ese año fiscal.
Además, el gasto corriente del sector público no podrá exceder a la tasa de inflación por más de 4 %.
En noviembre pasado la sociedad civil paraguaya protagonizó una inusual campaña de repudio contra sus legisladores.
El cuestionamiento apuntaba a 23 senadores que avalaron el rechazo al desafuero reclamado contra el legislador del Partido Colorado, Víctor Bogado, acusado de cobro indebido de honorarios y estafa.
El repudio social con marchas, escraches y caravanas llevó a que el Senado modifique su decisión inicial y quite los fueros parlamentarios al senador.
Bogado deberá afrontar el proceso judicial por los delitos de supuesto cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice y estafa en calidad de autor.
El hecho marcó un grado importante de frustración de la sociedad paraguaya hacia las prácticas de la institucionalidad política de ese país.(PÚLSAR)
Audios:
-
Informe especial de la Agencia Púlsar: (5 MB)
