La aprobación cierra un proceso de consulta que motivó 7 cambios al proyecto original.
Quedan afuera de la norma los servicios de salud, educación y de las instituciones armadas.
La ley ofrece garantías al inversionista extranjero al tiempo que mantiene la soberanía sobre los recursos humanos, naturales, tecnológicos y de mercados.
Con la aprobación de la ley el pasado sábado, Cuba busca impulsar el desarrollo económico y social pare elevar la calidad de vida en la isla.
Según el diagnóstico del vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, Cuba necesita alrededor de 2 mil 500 millones de dólares anuales en inversiones para estimular su desarrollo.
El ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca Díaz, aclaró que ningún ciudadano del mundo tiene veto para invertir en Cuba.
Sin embargo, señaló que debe tratarse de “personas que no tengan posiciones adversas al proceso revolucionario y que no estén vinculadas con la mafia terrorista” de Miami. Además, explicó que los interesados “deben ofrecer posibilidades acorde con la cartera de inversiones o negocios de interés sustantivo para el país”.
La política se dirigirá principalmente al desarrollo agrícola y forestal, al crecimiento del comercio mayorista, las industrias, el turismo y la construcción. A estos sectores se sumarán las biotecnologías, la energía, minas y transporte.(PÚLSAR)
