Recientemente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, dio un fallo que declaró la legalidad del estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico “Barro Blanco” en Tolé, Chiriquí.
Este fallo provocó el rotundo rechazo de los residentes de la comunidad de Ngäbe Buglé, debido a los riesgos de construir la hidroeléctrica Barro Blanco en pleno territorio de la comunidad.
Esta hidroeléctrica afectaría a cientos de familias. Además, dejaría bajo el agua a sitios de importancia cultural e histórica de estos pueblos.
La comarca Ngäbe-Buglé es un territorio indígena en Panamá, que posee una gran riqueza de recursos naturales, entre ellos la segunda reserva de cobre más grande del mundo.
Ellos mantienen una lucha de más de una década contra la construcción de una hidroeléctrica que inundará parte de sus tierras.
A pesar de que la propia Organización de las Naciones Unidas respaldó a las comunidades, las pruebas no fueron suficientes para la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que decidió favorecer al proyecto hidroeléctrico.
Liborio Ábrego, representante del Congreso General de la Comarca Ngäbe-Buglé, criticó la falta de atención del gobierno con los pueblos indígenas. También cuestionó que los indígenas no han sido consultados en temas como el proyecto de Barro Blanco.
Omaira Silvera, gobernadora de la comarca Ngäbe Buglé, manifestó también su desacuerdo con este proyecto.
‘Es injusto que se venda el agua de los ríos y no se provea de un sistema de agua potable que beneficie a la población de la comarca’, acotó Silvera. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)