El Salvador: La alimentación es un derecho, no una mercancía

El camino hacia una Ley de soberanía alimentaria en El Salvador. Por Ana Iris Martínez, Campaña CRECE en El Salvador.

El Salvador, conocido como el pulgarcito de América Latina, con una población de 5.7 millones de habitantes, es uno de los países con mayor densidad poblacional del continente, y atraviesa un proceso acelerado de urbanización que alcanza al 62.7% de la población. Pese a los avances en materia económica y social logrados en el país tras los Acuerdos de Paz (1992), persisten aún preocupantes condiciones de pobreza e inequidad que afectan a cerca del 40% de la población.

En ese contexto, se enfrenta el reto de asegurar la producción de alimentos adecuados y suficientes para una población que en 2050 alcanzará los 8.1 millones de habitantes. El camino no es fácil. De acuerdo con cifras oficiales del 2008, de cada 100 niños y niñas menores de 5 años, 20 padecen desnutrición crónica. Esta proporción se eleva en las zonas rurales del país, afectando principalmente a las mujeres, quienes paradójicamente producen el 50% de los alimentos que se consumen en El Salvador.

Además de los problemas de desnutrición, existe un problema creciente de malnutrición. Desde 1998 el sobrepeso y la obesidad infantil se han incrementado en un 40%. Asimismo, más del 50% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad presentan problemas de sobrepeso u obesidad, lo cual incrementa las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, entre otras.

Tras esta problemática hay elementos causales, tales como la dificultad para acceder a alimentos suficientes y de calidad, así como los cambios en los patrones de consumo. Pero también hay causas estructurales más profundas como el modelo económico vigente desde la década de los noventa, que privilegió la maquila, el comercio y los servicios financieros, por encima del desarrollo agropecuario y rural. Así, El Salvador pasó de tener una participación del 23% del Producto Interno Bruto Agrícola (PIBA) en 1989 a representar menos del 13% en 2012.

De otro lado, las políticas e incentivos hacia sectores agroexportadores y el abandono de la agricultura familiar y campesina, han generado una fuerte dependencia de la importación de alimentos. El Salvador importa 87% del arroz que consume, 26% de frijol y 43% de maíz. La consecuencia de esta situación es una mayor vulnerabilidad a la variabilidad de los precios de los alimentos a nivel mundial.

Frente a este escenario se han dado avances importantes para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de la población. En 2010 se lanzó el Plan de
Agricultura Familiar (PAF) como un programa presidencial destinado a apoyar de manera preferencial la agricultura familiar y campesina. En junio del 2011 se presentó públicamente la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2011-2016, que busca garantizar a la población salvadoreña el derecho a la alimentación adecuada. Además, crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASAN), como el ente articulador de las acciones intergubernamentales en esta materia.

En la misma línea, en abril del 2012 se logró dar un paso importante hacia el reconocimiento de la alimentación como un derecho, pues la Asamblea Legislativa aprobó reformar la constitución para incluir en el Art. 69 el derecho de la población a una alimentación adecuada, obligando al Estado a crear una Ley y una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes. Sin embargo, a un año de haberse aprobado la reforma constitucional, no se ha logrado su ratificación.

Es importante destacar también que se ha abierto la discusión para la creación de un Proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En un hecho sin precedentes, actualmente hay más de 10 iniciativas de ley en la Asamblea Legislativa en esta materia, provenientes de todos los sectores políticos, económicos y sociales del país, lo que indica que el tema tiene una importante presencia en la agenda política del país. Pero de otra parte, esta situación plantea varios desafíos pues existen puntos medulares en varios temas sobre los cuales se debe discutir y decidir y que enfrentan directamente los valores y principios que defiende la agricultura familiar y campesina con el poder económico en el país. Por ejemplo, uso de semillas transgénicas, regulación del mercado de alimentos, control a las importaciones de agroquímicos, ampliación del límite de tierras, acceso a recursos productivos (tierra y
agua).

En este camino, el movimiento social, campesino y de mujeres rurales agrupados en la “Mesa por la Soberanía Alimentaria”, está luchando para concretizar el derecho a una alimentación adecuada y una soberanía alimentaria, donde el rol de las mujeres en la producción de alimentos, la promoción de mercados así como la asignación presupuestaria para el sector de la agricultura familiar y campesina sean puntos clave.

Se trata de un proceso alentador porque busca fortalecer un movimiento amplio nacional a favor de un futuro donde todas y todos tengamos suficientes alimentos y donde la alimentación sea un derecho y no una mercancía.