En Costa Rica la Central General de Trabajadores hace un llamado para frenar la represión hacia poblaciones campesinas que sufren constantes amenazas y agresiones por parte de autoridades policiales y personas que invaden sus tierras.
El sindicato que aglutina a varios de estos grupos campesinos, denunció que grandes empresas como piñeras, bananeras y consorcios hoteleros despojan a esas comunidades de sus territorios mediante la fuerza.
El secretario general de la Central General de Trabajadores, Carlos Cabezas, señaló que estas poblaciones sufren de abandono del gobierno costarricense, lo que genera más violencia.
“Han dejado que los empresarios, los propietarios y latifundistas, recurran incluso a prácticas que nos parecen muy similares a las de Colombia, a nivel de las paramilitares. Ya hemos tenido heridos y manifestaciones a raíz de la diplomática del campo. Los que más sufren son las familias”, indicó.
Dentro de las personas afectadas se encuentran las familias que trabajan para la empresa Matas de Costa Rica en Siquirres, cerca de la zona Caribe.
En Liberia, provincia de Guanacaste, también de Costa Rica, cerca de 300 familias que ocupaban tierras sin título sufren hostigamiento y agresiones de guardias de seguridad pagados por un terrateniente.
Incluso el Organismo de Investigación Judicial, institución estatal costarricense, ingresó a principios de año de forma violenta a la finca y varios pobladores resultaron golpeados y detenidos.
Para los sindicatos esta es una clara señal de complicidad de las autoridades.
En el sector de Palmar Sur, campesinos que ocupan unas tierras desde hace 11 años quieren ser desalojados para construir un aeropuerto internacional sobre unos humedales, lo que además provocaría un desequilibrio ambiental.
El secretario general de Trabajadores, Carlos Cabezas, explicó que una reforma agraria garantizaría que los campesinos y campesinas cuenten con recursos para generar su sustento sin correr riesgo de ser expulsados.
“Eso explica primero la distribución de la tierra, determinar qué no se está produciendo, qué se va a producir, la indemnización del estado respecto a fincas que no están produciendo nada, la repartición de tierras, la legalización de tenencia de la tierra, eso implica un proceso profundo. Creemos que es una búsqueda de la justicia distributiva de la tenencia de la tierra”, afirmó.
Por tal motivo, piden a las y los diputados la defensoría de los habitantes y universidades estatales, entre otros, a que se pronuncien en contra de la represión y que apoyen la lucha por la autonomía de estas poblaciones. (PÚLSAR)
