| Voces de la Tierra | Nota publicada el 26/11/2010 - 18:59 hs. | |
 PERÚ-JUSTICIA |
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| Otra vez, esterilizadas forzadas intentan justicia en Perú Mujeres campesinas, pobres y quechua hablantes de la provincia peruana de Anta, vuelven a buscar la justicia con una nueva demanda contra los responsables del plan de esterilizaciones. Son víctimas del programa de esterilización compulsiva de Alberto Fujimori entre 1996 y 2000. El 26 de mayo de 2009, el fiscal a cargo de Derechos Humanos, Jaime Schwartz, archivó un caso contra cuatro ex ministros de Salud del régimen de Fujimori (1990-2000). El juez alegó que las imputaciones habían prescrito, al considerar que los posibles delitos eran contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo. La parte acusadora, en cambio, había pedido juzgar a los acusados por un delito de genocidio y tortura. El Ministerio Público ratificó le decisión de Schwartz, pese a la queja interpuesta por las víctimas y las organizaciones humanitarias que las asesoran legalmente. Ahora, la Asociación de Mujeres Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas de Anta, presentó una nueva demanda contra los responsables de la política de planificación familiar del último cuatrienio de Fujimori. La asociación congrega a un centenar de campesinas que documentaron con sus testimonios lo que se escondió tras el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Un reporte realizado por la abogada Giulia Tamayo documentó en 1998 por primera vez la sistemática y progresiva práctica de esterilización forzada que afectaba especialmente a mujeres pobres, indígenas y campesinas. El propio Estado reconoció que bajo el plan se realizaron 300 mil esterilizaciones. La Defensoría del Pueblo documentó 2 mil 74 casos forzados con base en denuncias. En 2003, el Estado peruano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos suscribieron un acuerdo amistoso sobre el caso de la campesina Mamérita Mestanza, fallecida en 1998 tras practicarle una esterilización no consentida. El Estado aceptó su responsabilidad, reconoció los abusos perpetrados en la ejecución del programa de planificación familiar y se comprometió a investigar y sancionar a los responsables, además de de medidas de reparación para la familia de Mestanza. Pero el Ministerio Público dio largas a la investigación hasta su archivo definitivo en 2009.(PÚLSAR/IPS) Ángel Páez 26/11/2010 |
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Traducción en quechua (Perú)
