Por Gabriela Alcaraz, responsable de investigaciones de la campaña CRECE de Oxfam en América Latina y el Caribe
Si bien el gasto público en agricultura en América Latina y el Caribe ha aumentado durante las dos últimas décadas, su proporción respecto al gasto público total se ha reducido. Análisis de Oxfam indican que el gasto público en agricultura durante 2010-2012 en 10 países de la región se ubicó entre el 1 y el 5% del gasto total nacional, muy por debajo del nivel de gasto en otros sectores productivos.
No obstante, hay coincidencia en diferentes sectores sobre la importancia de la inversión en este sector. En su informe, “Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación” (2012), la FAO señala que la cantidad e impacto de la inversión en agricultura es clave para aumentar la productividad agrícola, generar empleo rural y promover un crecimiento económico inclusivo.
Pero el desafío va mucho más allá de incrementar los presupuestos en el sector. Para que la inversión tenga los efectos deseados es imprescindible canalizar los recursos específicamente hacia la productividad del subsector de la agricultura familiar y campesina, así como mejorar la calidad de este gasto. Según la FAO (2009), el crecimiento de la agricultura familiar y campesina tiene un efecto sobre la pobreza dos veces mayor que el crecimiento de cualquier otro sector. Además, las pequeñas explotaciones agropecuarias son claves para lograr un sistema alimentario más sostenible y resiliente frente al cambio climático.
En contraste con la importancia de este subsector, pocos países de la región han definido una figura de “agricultura familiar y campesina” y establecido programas específicamente orientados a impulsarla.
Oxfam estima que si bien la pequeña agricultura representa entre el 70 y 90% del total de explotaciones agrícolas existentes en la región, la inversión de carácter no asistencialista destinada a este subsector no supera el 25% del total de los recursos que se le asignan.
Los estudios de Oxfam indican también que la mayoría de los recursos destinados a este subsector se orientan a la gestión administrativa, programas de infraestructura (riego), producción de cultivos específicos, provisión de insumos para la producción y programas de apoyo al ingreso (reducción de pobreza y/o inseguridad alimentaria). Pero, ¿quién se beneficia realmente de estos recursos económicos? La falta de información detallada sobre los beneficiarios del gasto –especialmente cuando se quiere analizar el gasto en mujeres productoras–, es uno de los obstáculos más grandes para la implementación
efectiva de políticas a favor de la agricultura familiar y campesina.
Considerando el contexto actual caracterizado por la creciente dependencia de alimentos importados, mayor vulnerabilidad frente a mercados internacionales y los efectos del cambio climático que ya se sienten en la región, es todavía más urgente un enfoque claro de inversión pública en agricultura familiar y campesina. Los argumentos y las evidencias a favor abundan. Lo que hace falta es acción.
