El dato forma parte de una nueva investigación del Observatorio de Derechos Humanos de pueblos Indígenas.
Este año se centró en las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro.
En el informe se relaciona directamente los conflictos territoriales con el modelo productivo imperante en el país y esas provincias argentinas. Además, denuncia la complicidad del poder político y judicial.
El Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el sur del país.
Según informa FM La Tribu de Buenos Aires, sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por acciones para defender su territorio.
El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización.
Además, afirma que “se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia”.(LATRIBU/PÚLSAR)