En Costa Rica hay radios libres o piratas porque el Estado no otorga espacio para nuevos difusores mediante la vía legal.
Bajo esta premisa, representantes de universidades públicas y sociedad civil organizaron un foro para discutir sobre la necesidad de una nueva legislación que garantice una distribución mas democrática de las frecuencias.
La periodista y abogada experta en el tema de derecho a la comunicación, Giselle Boza, recalcó que si bien hay organizaciones que ponen a funcionar sus emisoras sin permiso, el Estado costarricense también está en deuda en materia de legalidad y derechos humanos.
Boza, quien es también docente de la Universidad de Costa Rica, denuncia un gran desequilibrio en la distribución del espectro radioeléctrico, pese a que se trata de un bien publico.
La ley que rige la radiodifusión en Costa Rica data de 1954 y en la actualidad tiene 13 artículos menos que cuando se promulgó.
Esta normativa establece pagos por el uso de las frecuencias que ronda los 6 dólares anuales, por ello, muchos de los concesionarios ni siquiera pagan.
La comunicadora Andrea Alvarado, estudia el modelo de la radiodifusión de Costa Rica desde hace 14 años y ha solicitado en repetidas ocasiones una frecuencia radiofónica y siempre le negaron la posibilidad.
En la actual Comisión de Digitalización de la Radio participan 2 entidades del sector privado; ningún representante de la sociedad civil fue invitado.
Por tal motivo, los y las asistentes al foro coincidieron en la necesidad y urgencia de construir un nuevo proyecto de ley de forma participativa y popular, pues en las instancias oficiales no hay ninguna garantía de que el modelo de radiodifusión costarricense vaya a cambiar pronto. (PÚLSAR/VOCES NUESTRAS)