Los cambios legales o reglamentarios sobre libertad de expresión en este periodo estuvieron relacionados con un caso específico de transferencia de titularidades de radios relevantes uruguayas. Dicho caso se centra en el ingreso al mercado uruguayo de la radiodifusión, por medio de testaferros, del empresario mexicano Ángel García sin que el regulador haya actuado en dicho período para hacer cumplir la ley nacional.

En tanto, en 2009 el gobierno uruguayo tomó decisiones que impactaron en el diseño de la tv digital abierta y el futuro de la televisión para abonados. Dichas decisiones no procuran el acceso universal a las nuevas tecnologías. Asimismo, preservan el mercado a los actores actuales de medios nacionales -que marcan desde hace 50 años la agenda de los medios electrónicos- a la vez que reservan espacio para los medios comunitarios y presagian una apertura muy gradual a la competencia extranjera.

En Uruguay, los hechos constitucionales ligados a libertad de expresión de 2011 – 2012 se refieren a la aplicación de la Ley de Radiodifusión Comunitaria 18.232 sancionada en 2007.