El 10 de julio de 2012, apenas dos semanas después de la destitución de Lugo en Paraguay, varios periodistas pronunciaron en un comunicado “su enorme preocupación que, pese a las declaraciones de los nuevos funcionarios en favor de la libertad de expresión, la persecución ideológica ha llegado a los medios de comunicación y, particularmente, a las instituciones del Estado y al sistema público de medios”.
