En el 2012, cientos de personas entre las que se encontraban activamente participantes varios periodistas, políticos de oposición y miembros de diferentes organizaciones sociales, exigieron al presidente Ricardo Martinelli respetar la libertad de expresión en Panamá.
A inicios del año 2011, el Colegio Nacional de Periodistas (CONAPE) expresó su total rechazo al Anteproyecto de Ley que adiciona el artículo 439-A al Código Penal de la República de Panamá el cual indica: “quien infundadamente ofenda, ultraje o vilipendie públicamente al Presidente de la República o a cualquier servidor público que sirvan cargos de elección popular, será sancionado con dos a cuatro años de prisión o su equivalente en días multa o arresto de fines de semana”.