En abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares para proteger a los periodistas que conforman La Voz de Zacate Grande, una radio comunitaria integrante del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, debido a las agresiones y amenazas constantemente sufridas.
A inicios del 2011 la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) puso a consulta pública –durante una semana- un proyecto de resolución que busca suspender el otorgamiento de nuevas frecuencias de emisoras radiales de baja cobertura o radios comunitarias, en un país en el que tan solo se cuenta con 28 de ellas.
Durante el 2011 la crítica situación de la libertad de expresión en Honduras continuo empeorando, muy a pesar de los compromisos asumidos por el Estado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, institución ante la cual se comprometió a investigar los crímenes –asesinatos y agresiones- relaciones con periodistas, además de prometer el reconocimiento de los medios comunitarios.