En el mes de febrero del año 2011, la radio “Tsanda Jenfa” que en idioma cofán quiere decir “Sonido del trueno”, empezó a operar con su primera emisión de prueba bajo la frecuencia 90.9 FM de Lago Agrio en Sucumbíos. En diferentes idiomas –Cofán, Kichwa, Amazónico y Siona- se dieron los primeros saludos al aire por parte de integrantes de estas comunidades, todo como parte de un evento organizado por la Secretaría de Pueblos y el Ministerio de la Política en el marco de la entrega de equipos a la nacionalidad Cofán.

En mayo 2011, luego de los resultados de la consulta popular, el proyecto de Ley de Comunicación volverá a la Comisión Ocasional del Comunicación para un pre debate donde todos los sectores de la sociedad civil ecuatoriana puedan hacer observaciones a la norma. Con ello se cristalizaría el tercer debate por el que pasaría el mencionado proyecto de ley.

En febrero de 2011, el presidente ecuatoriano Rafael Correa, señaló que las radios comunitarias y los medios de comunicación sin fines de lucro a nivel nacional, serían excluidos de la pregunta 3 de la Consulta Popular puesto que los negocios de comunicación no podrían tener otro tipo de lucro fuera de su área para evitar conflictos de intereses.

Correa, recalcó que ha sido una práctica común en su país que los emporios industriales inviertan en sus propios medios de comunicación para, desde su aparato comunicacional, defender sus propios intereses, lo que a la larga perjudica a la sociedad y, por ende, es necesario separar el poder informativo del económico, que es lo que verdaderamente intenta indagar la pregunta sometida al deseo popular.

Al respecto, la Pregunta 3 consignada en la Consulta Popular de 2011 mencionaba lo siguiente:

“3. Con la finalidad de evitar conflicto de intereses, ¿está usted de acuerdo con prohibir que las instituciones del sistema financiero privado, así como las empresas de comunicación privadas de carácter nacional, sus directores y principales accionistas, sean dueños o tengan participación accionaria fuera del ámbito financiero o comunicacional, respectivamente, enmendando la Constitución como lo establece el anexo 3?”

Siguiendo el orden de ideas, el anexo 3 buscaba modificar el Art. 312 de la Constitución ecuatoriana que data del año 2008, con lo que busca limitar la participación de los directores y principales accionistas en empresas de un rubro diferente al que ya participan.

En mayo del mismo año, el gobierno ecuatoriano reveló, con datos de un informe de la Comisión para la Auditoría de Frecuencias de Radio y Televisión 2008-2009, que diversos medios de comunicación mantenían negocios empresariales y financieros.

En el mencionado informe se muestran los casos del Grupo Vivanco, propietario del diario La Hora y sus 14 ediciones locales, además de la Radio Planeta, la Revista Judicial, Satnet (Servicios Agregados y Telecomunicaciones) y la Editorial Gran Tauro, que edita junto al Grupo Martínez –dueños de los diarios Extra y Expreso- la revista Vanguardia. Además, tiene estrecho vínculo con los Estudios Jurídicos Vivanco & Vivanco, Casa Vivanco y TV Cable.

Por su parte, el Grupo Pérez, propietario del diario El Universo, Radio City Diario Súper y socio del Grupo Alvarado Roca en Univisa, la fusión de El Universo con Ecuavisa. Ellos además mantendrían vínculo con la Compañía Naviera de Turismo Galápagos e incluso acciones bancarias en el Banco de Guayaquil.

Estos son solo algunos de los casos mencionados en el citado informe que toma en cuenta también al Grupo Mantilla, el Grupo Egas, entre otros más. Ello es muestra del nivel de acaparamiento existente en los medios de comunicación en Ecuador, lo que podría amenazar la libertad de prensa en el país sudamericano.

En el 2006 la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión señaló que “por lo menos cuatro concesionarios controlan los canales de VHF en prácticamente todo el país”[1] y, según datos recogidos por el programa de Estudios de la Comunicación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), otros siete concesionarios concentran las frecuencias radiofónicas en diez provincias, además, cinco empresas son dueñas, a la vez, de medios gráficos, cadenas de televisión y radioemisoras de cobertura nacional.

Según el análisis de la UNESCO y el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación de Latinoamérica (CIESPAL), el 89% de las radios pertenecen al sector privado, 10,08% al sector público y lo restante a medios comunitarios. Del mismo modo, en los medios impresos la concentración es alarmante dado que de 22 diarios en circulación, cuatro de ellos acumula más del 90% del total facturado por el sector, según información al año 2006.

Con la llegada del presidente Rafael Correa, que ganó las elecciones del año 2006 con el 57% de los votos, el Estado empezó a tomar parte en este campo cuando en septiembre del año 2009 se inició el debate de la Ley de Comunicación en la Asamblea Legislativa, momento desde el cual los medios privados promovieron una gran campaña en contra de las nuevas disposiciones legales del Estado. De esa manera, emisoras antes distantes y rivales, pasaron a tener una estrategia y bandera común: la defensa de la libertad de expresión y del libre flujo de la información; tirando por la borda el debate público sobre los demás derechos ligados a la comunicación y que la constitución garantiza a todos los ciudadanos.

El gobierno, en especial el poder ejecutivo, continúa firme en la necesidad de regular el accionar de los medios de comunicación, buscando una mayor democratización y el alejamiento de los centros empresariales y los sectores más privilegiados de la sociedad ecuatoriana. Desde su programa semanal, el presidente defiende los argumentos en favor de una mayor regulación y acción estatal sobre este campo, lo que ha generado la crítica incisiva de la “prensa independiente”.

Los medios, distantes de la responsabilidad de crear una sociedad más crítica y una democracia más representativa, se han orientado al mercantilismo de la información y el entretenimiento impulsados por intereses económicos, convirtiéndose en actores despreocupados de la coyuntura política ecuatoriana. Estas son algunas de las conclusiones a las que han llegado Mauro Cerbino e Isabel Ramos, catedráticos de la Flacso.

De acuerdo a la Superintendencia de Telecomunicaciones, se encuentran en funcionamiento, en las 24 provincias del Ecuador, 1169 estaciones de radio y 515 televisoras, tanto de propiedad pública y comunitaria. Además, con el presidente Rafael Correa se dio un impulso a la creación de medios públicos, creándose así la Radio Pública –reemplazando a la antigua Radio Nacional-, Ecuador TV y el diario El Telégrafo –incautado por el Estado a un ex banquero-, medios que no son de carácter gubernamental. Se creó además la Agencia Pública de Noticias Andes, en el 2009. El único medio de comunicación del gobierno es el diario oficial El Ciudadano, de circulación semanal, enfocado en las actividades institucionales y los logros del gobierno.

El Marco Jurídico que protege la libertad de expresión en el Ecuador está dado por la Constitución del 2008 y la Ley de Televisión y Radiodifusión (1973-1995). En el Art. 66 de la Constitución se reconoce y garantiza a los ecuatorianos “el derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”[2]. En el mencionado artículo, además, se garantiza el derecho de las personas agraviadas por información sin pruebas o inexacta, emitida por algún medio de comunicación social, a la rectificación, replica o respuesta, inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.

Mediante consulta popular, la ciudadanía aprobó la desvinculación de los medios de comunicación del poder financiero y la redacción de una ley de comunicación que regule los contenidos de los medios de comunicación. Con esto el gobierno no está silenciado ni evitando la crítica, propia de los medios de comunicación y del ejercicio de la ciudadanía, lo que el gobierno busca con estas medidas es llevar el debate y la crítica a un campo de discusión con argumentos que evite los agravios.