En agosto de 2012, el gobierno chileno presentó una reforma sobre Televisión Nacional de Chile con la cual se busca “liberalizar el bien público” para asimilarlo a otro canal comercial y hacerlo más “competitivo”. Y si bien no se trata de una privatización en cuanto a la propiedad de la empresa, si se busca modificar el giro en circunstancias en las que el actual modelo chileno obliga a la estación pública a autofinanciarse.
Las radios Tentación de Paine y Kimche Mapu del valle Puquiñe Lumaco, de la comuna de Lanco, son dos de las emisoras comunitarias que se vieron afectadas en 2012 por la aplicación del artículo 36B letra a) que criminaliza el uso sin licencia del espectro radioeléctrico. Marcelo Nuñez Fuentes y Mireya Manquepillán Huanquil decidieron enfrentar el juicio oral como un acto en defensa de la libertad de expresión y a manera de denuncia contra la penalización del ejercicio de sus derechos.
El escenario de medios de comunicación de Chile muestra una preocupante concentración, hecho que puede ser constatado en la homogenización de los contenidos difundidos por televisión, prensa y radio, derivando por tanto una alarmante falta de pluralismo.
Entre el 25 y 27 de enero de 2012 se realizó la Primera Misión “Libertad de Expresión en Medios Comunitarios Mapuche” con la finalidad de dar cuenta de las consecuencias de la creciente represión a los medios de comunicación comunitarios de la Región de la Araucanía en Chile. La iniciativa contó con la participación de AMARC, la Unión Sudamericana de Corresponsales, la Fundación Pro Bono y el periódico digital MapuExpress.
AMARC defendió la supresión de penas de cárcel y baja de multas para radios comunitarias sin licencia, luego de que Comisión de Ciencia y Tecnología aprobara la derogación del artículo 36B letra a) que penaliza la radiodifusión sin licencia con la cárcel, decomiso de equipos y multas excesivas, en el marco del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Telecomunicaciones.
La Ley de Radios Comunitarias o Ley 20.433[1], aprobada y reglamentada en 2010, no pudo entrar en vigencia en 2012. Durante ese año se conformó una comisión técnica con las dos asociaciones gremiales ANARCICH y ARCHI, otras gerencias de radios comerciales y el órgano regulador SUBTEL, con la finalidad de revisar el proceso de migración de las radios comunitarias a la banda asignada por ley. Se estima la aplicación total de la ley para fines de 2013.