La legislación mexicana en materia de radio, televisión y telecomunicaciones pone en riesgo la subsistencia de las radios comunitarias en ese país dado que el Estado no reconoce a estas emisoras como tal. En busca de una salida al problema, el 30 de octubre de 2009 dos radios comunitarias –La Voladora Radios de Amecameca y Radio Nhandiá de Oaxaca- asesoradas por la organización Litiga OLE, presentaron una solicitud a la Secretaría de Salud Federal para que contratara publicidad oficial con ella con el fin de participar equitativamente de la promoción de campañas de comunicación social de los programas del gobierno, evitando así que la publicidad se convierta en una herramienta para coactar la libertad de expresión.

En abril del 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de Honduras adoptar medidas cautelares para proteger a los periodistas que conforman La Voz de Zacate Grande, una radio comunitaria integrante del Movimiento por la Titulación y Recuperación de Tierras de Zacate Grande, debido a las agresiones y amenazas constantemente sufridas.

Otro hecho importante que resalta la crisis que viven las radios comunitarias en Haití se evidenció en noviembre de 2012, cuando el Consejo Nacional de las Telecomunicaciones de Haití (CONATEL) cerró y clausuró la radio Vwa Klodi Mizo (VKM), radio comunitaria fundada en 1996 y que operó en la ciudad de Cayes, al sur de Puerto Príncipe.

Las radios Tentación de Paine y Kimche Mapu del valle Puquiñe Lumaco, de la comuna de Lanco, son dos de las emisoras comunitarias que se vieron afectadas en 2012 por la aplicación del artículo 36B letra a) que criminaliza el uso sin licencia del espectro radioeléctrico. Marcelo Nuñez Fuentes y Mireya Manquepillán Huanquil decidieron enfrentar el juicio oral como un acto en defensa de la libertad de expresión y a manera de denuncia contra la penalización del ejercicio de sus derechos.