São problemáticas as consequências do Executivo brasileiro ao estigmatizar e criminalizar de maneira genérica todas as estações que não cumprem por 100% as exigências regulamentárias. Na fiscalização das rádios comunitárias aplicam-se várias leis que estão em conflito com a Constituição Federal democrática brasileira do ano 1988. Sobretudo ao definir como “crime” o exercício direito à comunicação no espectro eletromagnético sem outorga: seu rigor normativo parece ambíguo e foi criticado historicamente até por representantes da Polícia Militar.

El 20 de julio del 2012 el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, envió al congreso local una iniciativa de Código Electoral que impone restricciones injustificadas y sanciones a medios de comunicación en tiempos electorales. Entre las obligaciones se encuentra la necesidad de inscribirse en un registro y la entrega de un catálogo de tarifas publicitarias las cuáles serán las mismas para todos los partidos. La misma propuesta prohíbe a las organizaciones políticas contratar espacios en medios que publiquen mensajes en contra de cualquier otro partido, coalición o candidato.

En el año 2011 se iniciaron las transmisiones por señal de televisión digital en formato japonés-brasileño que permitirá el acceso a un mayor número de servicios y contenidos interactivos a los usuarios. El lanzamiento será acompañado por una campaña de información a la población por parte del gobierno central. Los responsables directos de la puesta en marcha serán los funcionarios del Viceministerio de Telecomunicaciones y el Sistema Nacional de Radio y Televisión.

En el 2011, la Comisión Nacional de Televisión de Colombia (CNTV) anunció la entrada en vigencia del Acuerdo 002 de 2011 mediante el cual regulará la radiodifusión de contenidos del servicio público en la televisión abierta nacional, estableciendo horarios y programación para las diversas franjas de audiencias y exigiendo un Código de Autorregulación.

En agosto de 2012, el gobierno chileno presentó una reforma sobre Televisión Nacional de Chile con la cual se busca “liberalizar el bien público” para asimilarlo a otro canal comercial y hacerlo más “competitivo”. Y si bien no se trata de una privatización en cuanto a la propiedad de la empresa, si se busca modificar el giro en circunstancias en las que el actual modelo chileno obliga a la estación pública a autofinanciarse.