Organizaciones sociales y de Derechos Humanos se reunieron en Asunción con el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón.
Allí reclamaron acelerar la definición judicial sobre la propiedad de Marina Cue, finca donde se produjo la Masacre de Curuguaty.
Es porque el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra mantiene una disputa judicial sobre los terrenos en cuestión desde febrero de 2012, con la firma Campos Morombí, de la familia Riquelme.
La definición de este proceso la dará la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, luego de un dictamen no vinculante que debe emitir la Fiscalía General.
Sin embargo, el expediente todavía no ha llegado a la Fiscalía, según informaron las organizaciones.
Cabe recordar que el desalojo al asentamiento campesino que desató la masacre fue reclamado por la familia Riquelme, que reconoce a las tierras como propias.
Además, durante la reunión consultaron sobre el estado de las denuncias realizadas por la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, sobre ejecuciones extrajudiciales y torturas durante la represión del 15 de junio del año pasado.
La Coordinadora realizó una investigación independiente donde concluyó que al menos 7 de los 11 campesinos asesinados en aquella jornada, fueron ajusticiados luego de entregarse a la Policía.
Sin embargo, hasta el momento no existe ningún imputado por estas denuncias.
La comitiva que conversó con Díaz Verón estuvo compuesta por dos familiares de víctimas, por referentes de organizaciones regionales de Curuguaty, por representantes de La Vía Campesina Paraguay y por representantes de Coordinadora.(PÚLSAR/E’A)
