El 8 de febrero de 2007 el gobierno de Guatemala aprobó el Acuerdo Gubernativo N° 43-2007 denominado "Política para resolver la Problemática de las Radios Ilegales", que confirma y profundiza la política de cierres y penas de prisión para las comunidades que gestionan radios comunitarias que aún no han podido obtener sus permisos de operación, debido al vacío legal existente.

Esta decisión fue tomada sin considerar los resultados y la opinión de los integrantes de la Mesa de Diálogo que se creó en 2005 con la presencia del entonces Relator para la Libertad de Expresión, Dr. Eduardo Bertoni, y ni siquiera informar a la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, que preside e impulsa dicha Mesa.

Las organizaciones comunitarias, indígenas, de periodistas y de derechos humanos de Guatemala han denunciado en reiteradas ocasiones que el Estado abusa de los mecanismos de otorgamiento de frecuencias para impedir que determinados sectores sociales accedan a la radio y la TV, mientras favorece la concentración de medios en grupos económicos y políticos que son afines al gobierno.

AMARC entregó en Washington ante la Relatoría y la Comisión un informe detallado con los antecedentes del caso y les solicitó que, "en función del pedido realizado por el propio Estado de Guatemala para que acompañe y asesore en todo este proceso, proceda en forma urgente y enérgica a realizar todas las gestiones necesarias para reorientar el rumbo del proceso de diálogo, así como evitar que se concreten las acciones represivas aprobadas".(PÚLSAR)

Fuente:
Gustavo Gómez
Director Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación
AMARC-ALC