La decisión fue tomada en base al artículo primero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dicho apartado exige una consulta previa a los pueblos damnificados por la obras.

Dicha consulta debía ser realizada obligatoriamente por el Congreso Nacional brasileño. Sin embargo, no fue llevada adelante.

Asimismo, el Gobierno autorizó el comienzo de las obras y la realización de un posterior estudio de impacto ambiental que debía realizarse antes de iniciar el proyecto.

Estas circunstancias invalidan la licencia otorgada por el Instituto Brasilero del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables para la construcción del emprendimiento hidroeléctrico en Belo Monte.

Además, los integrantes del Tribunal Regional habían identificado irregularidades en 2 etapas del proceso de autorización para la construcción de la represa.

Las comunidades costeras y pueblos indígenas que habitan la zona de construcción del emprendimiento manifestaron su satisfacción el pasado lunes por la suspensión del proyecto.

En ese sentido, la coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre, Antônia Melo, calificó la detención de las obras como una decisión histórica para el país y los pueblos del Xingú. (PÚLSAR)