Los juicios iniciados recientemente en la Argentina demuestran a diario que constituyen un proceso de fortalecimiento de la democracia, generan instancias reparadoras para las víctimas, permiten empezar a cerrar algunas heridas, acercan a la verdad, afirmando para el futuro que los delitos de lesa humanidad son juzgados y condenados.

Así se sientan las bases fundamentales para que este tipo de crímenes no se repitan nunca más.

Hoy estamos transitando los juicios gracias a que las leyes de impunidad fueron declaradas nulas e inconstitucionales.

Uruguay tiene ahora la posibilidad histórica de juzgar a sus verdugos, de poner fin a la impunidad.

Y esto sólo podrá concretarse con la decisión política de declarar la nulidad de la Ley de Caducidad y con el posterior juicio y castigo a los responsables de crímenes contra la humanidad. El Estado tiene la obligación de condenar esos delitos y todavía está a tiempo de hacerlo.

El pueblo uruguayo y el argentino fueron víctimas del terrorismo de Estado que actuó en forma planificada y conjunta con otras Fuerzas Armadas y de Seguridad del Continente, como las de Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia.

Uruguay es nuestro país hermano, con el que compartimos el dolor de los miles de detenidos-desaparecidos, los cientos de centros clandestinos, la búsqueda de hijos en cautiverio, el perverso ocultamiento del destino de los restos de los desaparecidos, la implantación de un modelo económico, político, cultural y social de exclusión y hambre a fuerza de un plan sistemático de exterminio.

Después de muchos años de lucha el pueblo argentino logró en 2003 la declaración de la nulidad de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían juzgar a los genocidas y luego, en 2005, la declaración de la inconstitucionalidad de las mismas.

Esto abrió la puerta a la posibilidad de ponerle fin a la impunidad: actualmente, más de 100 represores de la última dictadura cívico-militar están siendo juzgados en todo el país. Y esto significa un momento histórico y un triunfo del pueblo.

Hoy alzamos nuestras voces desde la Argentina para abrazar al pueblo uruguayo y luchar juntos por justicia. Como familiares de detenidos-desaparecidos afirmamos que la experiencia de los juicios es sanadora. Vemos a diario cuán reparadores son para los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y testigos, y la sociedad en su conjunto, porque no podemos pensar un presente ni un futuro sin condenar los crímenes que nos hirieron a todos.

Apoyamos la nulidad de la Ley de Caducidad y exigimos el juicio y castigo para todos los genocidas de Uruguay, de Argentina y del mundo.