De acuerdo con un estudio de la Fundación para el Debido Proceso Legal, en promedio, la Corte Suprema de cada país de América Latina cuenta solamente con un 21% de participación femenina.

Honduras es el único país de la región donde ellas son mayoría. En el resto de países no llegan a ser la mitad, ni siquiera el 35%.

Es difícil justificar tal desigualdad en un menor número de mujeres abogadas, pues basta una visita a cualquier facultad de leyes del hemisferio y mirar el número de estudiantes mujeres y de profesoras, para echar por la borda tal idea.

Desde hace décadas las mujeres se han incorporado activamente al equipo de quienes operan el derecho. Cierto que no se puede restar importancia a las muchas mujeres que hoy conforman la judicatura, ni a aquellas que ocupan presidencias en las Cortes Supremas. Pero las cifras demuestran que su incorporación en el mundo del derecho no se ha visto reflejada en mayores espacios de participación en el máximo órgano judicial.

La obligación de los estados de asegurar una participación igualitaria de la mujer en la vida pública incluye, no solamente, los puestos de elección popular sino todos aquellos relacionados con el ejercicio del poder en sentido amplio, inclusive en los poderes judiciales.

No basta con asegurar que más mujeres accedan a puestos de trabajo si la mujer se ve relegada en los procesos de toma de decisiones en las más altas instancias de los poderes públicos. Esto es particularmente cierto en el ámbito judicial por cuanto los tribunales de justicia son gestores de cambio social a través de la aplicación del derecho.

Es importante además que los problemas que aquejan a las mujeres en América Latina sean abordados en todas las instancias judiciales, ya que en muchos casos son los tribunales la única vía para solucionar esos asuntos.

Un aumento de mujeres en la integración de la más alta esfera de los órganos judiciales es un paso necesario que debe complementarse con otras acciones. Por ejemplo, es importante incorporar una perspectiva transversal de género mediante procesos de capacitación dirigidos a todos los actores que componen la administración de justicia, sean hombres o mujeres.

El reclamar mayor participación de las mujeres en las Cortes Supremas no es una concesión: es el reconocimiento de un derecho a participar en una esfera pública que ha sido tradicionalmente dominada por los hombres. Ello exige que los estados cumplan con las obligaciones de identificar y combatir las barreras que limitan una mayor representación femenina en las Cortes Supremas de América Latina, obligaciones derivadas tanto de la Convención Sobre Eliminación de de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Artículo escrito por Eduardo Bertoni y Montserrat Solano: Director Ejecutivo y Coordinadora de Programas, respectivamente, de la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) con sede en Washington, D.C.