Sólo en Yurimaguas, capital de la provincia de Loreto, estaban dispuestos alrededor de 120 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES).

Además, el Gobierno emitió un decreto de urgencia que autorizó el empleo de las milicias del Ejército en apoyo de la Policía "para la seguridad del país".

Y al mismo tiempo, el primer ministro, Javier Velásquez Quesquén, dijo que al Gobierno no le temblaría la mano para poner orden ni permitiría otro "baguazo".

El dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), Saúl Puertas, acusó al Gobierno de Alan García de "provocación" y de ejercer "presión psicológica" contra la población indígena al efectuar un exagerado despliegue militar.

Además, indicó que el Ejecutivo pretende militarizar los territorios indígenas para provocar y reprimir a la población, y luego echarle la culpa de las consecuencias.

A pesar del despliegue de Fuerzas de Seguridad, la manifestación se realizó de forma pacífica y expresó el rechazo de las comunidades hacia la actitud "intolerante, represiva y antiindígena" del actual Gobierno.

El presidente de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), Mario Palacios, consideró que la protesta fue el "reinicio y la ampliación de la lucha indígena" en Perú.

La manifestación alcanzó su mayor expresión en las localidades amazónicas de Jaén y Yurimaguas. Asimismo, hubo movilizaciones en las zonas altas de Piura y en algunas localidades de Lambayeque y La Libertad.

En la capital peruana, Lima, manifestantes costeños, andinos y amazónicos realizaron una marcha que culminó en la sede del Congreso de la República. (PÚLSAR/CNR/SERVINDI)