Si bien se considera como un avance respecto de la Ley de Mínima Cobertura de 1994, las organizaciones firmantes del comunicado destacan deficiencias que atentan contra el derecho a la comunicación.

El texto detalla que pese a que el proyecto de Ley otorga estatuto legal a las radios comunitarias, "no elimina la inequidad en el acceso al espectro radioeléctrico, como bien de uso público y patrimonio de la humanidad".

Explica que eso se debe a que "se promueve la perpetuidad en el uso de las frecuencias en base al derecho preferente existente en Chile para renovar concesiones".

También se destaca que “Con la emisión de publicidad local autorizada en la iniciativa, la ley limita el derecho de sostenibilidad económica de las radios comunitarias, restringiendo las estrategias de financiamiento sólo al ámbito local territorial en el que se encuentran estas emisoras”.

Además, el comunicado exige al Gobierno de la Presidenta Bachelet que tramite con suma urgencia en el Congreso un proyecto de ley que derogue el artículo 36 B (a) de la Ley General Telecomunicaciones, que sanciona con penas de cárcel e incautación de equipos, a aquellos radiodifusores comunitarios que transmiten sin licencia.

Por último, se denuncia ante la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, la manipulación del proyecto de ley de radiodifusión comunitaria promovido por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI).

Sobre este punto, explica que "mediante el artículo 6 transitorio aprobado en la Cámara de Diputados, intentó otorgar un perdonazo a 35 concesionarios, en su mayoría comerciales, para renovar fuera de plazo sus frecuencias, haciendo uso arbitrario del derecho preferente y contraviniendo el espíritu de la ley".(PÚLSAR/Radio Tierra)

rt
14/01/2010