En las conclusiones del informe preeliminar, la Misión afirma que "constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al Golpe de Estado".

Los especialistas en DDHH detectaron que hasta el 23 de junio el accionar del Gobierno de facto causó 6 muertes. Entre las personas asesinadas se encuentran Isis Obed Murillo Mencias, Gabriel Fino Noriega, Ramón García, Roger Iván Bados, Vicky Herández Castillo, y una sexta persona no identificada.

A su vez, la Misión hizo referencia a la existencia de denuncias de desapariciones forzadas. Y expresó que las autoridades de facto vulneran la integridad de las personas mediante el uso de amenazas y sanciones a los opositores.

Otro elemento violatorio a los DDHH es el toque de queda sancionado sin sustento legal, en base al cual se realizaron más de mil 200 detenciones.

Los profesionales de la Misión detectaron también "graves restricciones a la libertad de expresión". Señalaron los casos de Canal 36, Radio TV Maya, Radio Progreso y Radio Globo que fueron militarizadas "como parte del operativo de silenciamiento a los medios de comunicación".

Además, indicaron que la cabina de transmisión de Radio Juticalpa fue ametrallada y que varios periodistas opositores fueron amenazados de muerte.

Ante tales evidencias de violaciones a los DDHH la Misión sugiere a la comunidad internacional de Estados "mantener una posición firme de condena al Golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional".

Al mismo tiempo recomiendan suspender todas las relaciones diplomáticas con el Gobierno de facto y desconocer el resultado de las elecciones convocadas por los golpistas. (PÚLSAR)

gf
28/07/2009




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