Valentina Rosendo tenía 17 años cuando en febrero de 2002 fue violada por dos soldados en la aldea de Barranca Bejuco, en el municipio Ayutla del estado de Guerrero, a unos 600 kilómetros al sur de Ciudad de México.

Un mes después, tres soldados agredieron sexualmente a Inés Fernández, en la comunidad Barranca Tecuani, en el mismo municipio.

Por ambos casos, la Corte Interamericana halló culpable al Estado por violar los derechos de las dos indígenas a la integridad personal, a la dignidad y la vida privada.

Alejandra Nuño, directora para Mesoamérica del no gubernamental Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) explicó que las sentencias “califican la violación como acto de tortura y esto es un hecho sin precedentes en el caso de México".

La CorteIDH concluyó que el Estado violó dos convenciones americanas: la de Derechos Humanos de 1969, la destinada a Prevenir y Sancionar la Tortura, de 1987, y la establecida para Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1998.

En sus sentencias del 30 y el 31 de agosto, la Corte condenó al Estado a investigar eficazmente las agresiones contra Rosendo y Fernández en el fuero civil. También le encomendó efectuar un acto público de disculpa, en español y me’phaa.

Adicionalmente, el Estado es castigado a publicar las sentencias en el Diario Oficial de la Federación y a abrir un centro de atención para la mujer en el zona de los abusos.

Además, compromete al Estado a reformar el Código de Justicia Militar, que data de 1933. Con esto se busca que sean los juzgados civiles los que procesen a los uniformados cuando comentan delitos durante el ejercicio de sus labores.

La Corte castiga al Estado con un pago de unos 87 mil dólares en resarcimiento e indemnización para Fernández, y de unos 75 mil dólares para Rosendo.(PÚLSAR/IPS)