El contexto

Entre los días 10 y 16 de mayo de 2010, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe, AMARC ALC, realizó una Misión de Libertad de Expresión y evaluación de la situación de las radios comunitarias en Colombia. Esta misión coincidió con la que realizó Reporteros Sin Fronteras, quienes investigaron las denuncias de interceptaciones telefónicas y amedrentamientos a periodistas, por parte de agentes de seguridad del Estado.

La misión de AMARC ALC incluyó la realización de entrevistas con diferentes periodistas, comunicadores comunitarios, investigadores, académicos, representantes de ONG y funcionarios estatales que nos dieron su opinión sobre el estado de la Libertad de Expresión en el país.

AMARC ALC visitó las ciudades de Bogotá, Popayán (capital del Cauca), y Cartagena, para indagar la situación que viven las poblaciones indígenas y afro descendientes, quienes han sido afectadas especialmente por la crisis humanitaria provocada por el conflicto armado, que vive el país desde hace 50 años.

La violencia sigue teniendo hoy como protagonistas principales a las fuerzas de seguridad del Estado, a los paramilitares y la guerrilla. En el escenario de confrontación ninguno de los actores involucrados distingue entre combatientes y población civil, produciendo abusos contra los Derechos Humanos y graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Muchas de las comunidades se ven enfrentadas a los actores armados en la defensa de su derecho a la tierra, y practican la comunicación como parte de la autodeterminación que sostiene sus culturas ancestrales.

También se analizó la situación de las mujeres, cuyos derechos son especialmente violentados en medio del conflicto armado. Históricamente las mujeres colombianas han sido víctimas de discriminación por razones de etnia y de género. Las prácticas de liderazgo y de promoción de derechos que muchas de ellas sostienen en medio de la violencia, adquieren especial relevancia, ya que han sido históricamente invisibilizadas como sujetos de derecho y enfrentan, desde la demanda de igualdad, el desafío de crear una cultura de paz. En este escenario, muchas mujeres indígenas y afro descendientes ejercen las comunicaciones comunitarias incorporando el género a la defensa global de la autonomía cultural y como forma de resistencia al alineamiento con los actores armados.

En este contexto se realizarán el domingo 30 de mayo, las elecciones presidenciales que definirán al sucesor del actual Presidente Álvaro Uribe, luego que la Corte Constitucional declarara contrario a la Carta Magna, el plebiscito mediante al cual se buscaba autorizar su postulación a un tercer periodo.

La decisión fue celebrada por organizaciones sociales que la consideraron como “corajuda” y un signo de vigencia del Estado de Derecho. Según encuestadoras privadas, el Presidente Uribe se encuentra en la cúspide de su popularidad con un 78% de aprobación. Paradójicamente el candidato oficialista, Juan Manuel Santos, se sitúa empatado en las preferencias con el abanderado del Partido Verde, Antanas Mockus. Distintos sondeos de opinión señalan que ninguno de los seis presidenciables alcanzaría el 50% más uno de los votos necesarios para resultar electo, por lo que la contienda necesariamente desembocará en una segunda vuelta.

El nivel de competencia que ha desatado la carrera entre Santos y Mockus, parece también poder incidir en una reversión del abstencionismo, que en comicios anteriores oscilaba en torno al 50%. La posibilidad de un giro político hacia el centro, configura una ventana de cambio dentro de la política colombiana de los últimos 8 años, marcada por la implementación y defensa de la política de “Seguridad Democrática”, la cual consiste básicamente en la persecución de la derrota militar de la guerrilla, y la desmovilización mediante incentivos de los paramilitares. En estos años, el clima de polarización permanente extendió la lógica de la guerra a las poblaciones civiles que viven en las zonas de conflicto, con un alto costo para la sociedad civil. Sobretodo en las regiones más apartadas, donde los dirigentes sociales, sindicales, comunidades indígenas, y periodistas se exponen a caer bajo los intentos de coerción de la guerrilla, o a transformarse en sospechosos y ser blanco de los grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad del Estado como “falsos positivos”. Esto es, como falsos guerrilleros por quienes se puede cobrar recompensa.

Derecho humano a la comunicación y Libertad de Expresión

La situación del Derecho Humano a la Comunicación y la Libertad de Expresión en Colombia se enfrenta a múltiples dificultades, como la estructura de medios de comunicación que presenta importantes niveles de concentración en su propiedad, amedrentamientos a periodistas por parte del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, dependiente de la Presidencia de la República; y las consecuencias del conflicto armado en los medios regionales y comunitarios.

Concentración de la propiedad de los medios

En Colombia, en el ámbito de la prensa escrita uno de los grupos más importantes es la Casa Editorial El Tiempo, que edita el diario del mismo nombre, el que por varios años fue la única publicación de su tipo de circulación nacional. Antiguamente fue de propiedad de la familia Santos, la misma del actual candidato oficialista Juan Manuel Santos. Hoy la Editorial Planeta de España controla más del 50% de la propiedad.

En Radio y Televisión, el grupo RCN pertenece a la familia Ardille Lulle, que tiene también negocios en el sector azucarero, textil y automotor. Caracol Radio y otras emisoras pertenecen al grupo transnacional español PRISA, al igual que varias revistas que son editadas por la empresa mexicana Televisa. Caracol Televisión y el diario El Espectador son de propiedad de la familia Santo Domingo, ligada también a varias actividades económicas.

En lo que se refiere al Estado, existen tres cadenas de televisión de cobertura nacional: el Canal Uno que funciona en base a programadoras externas, el Canal Institucional que da difusión a las actividades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Fuerzas Armadas (EGovernment), y Señal Colombia de carácter educativo. Además, el Consejo Nacional de Televisión financia el canal 13 de la capital, y las estaciones regionales, que suman 6 televisoras más. Entre las radios públicas se cuentan Radio Nacional y Radiofónica, ambas de corte educativo y cultural.

En la legislación de radiodifusión colombiana se distinguen desde 1995 tres tipos de medios: los comerciales, los de interés público, y los comunitarios. Unos años después, en 1997, se permitió el otorgamiento de licencias en gestión directa a la denominada “Fuerza pública”. De esta manera nació la Radio del Ejército Nacional, que transmite en las regiones en que ocurren enfrentamientos, como un instrumento más de su política de seguridad. Luego, en 1999, se estableció de manera diferenciada el financiamiento de las estaciones de interés público sobre las emisoras comunitarias. Finalmente en 2003 se publicó el reglamento de Radios Comunitarias. Este sistema de medios es el que debe dar cabida a la libertad de expresión en contextos, muchas veces, disímiles, como las ciudades y el mundo rural, como la capital política y las zonas en las que ocurren los enfrentamientos.

Amedrentamientos a periodistas

Otro elemento que ha determinado el funcionamiento de los medios y la comunicación de la información del conflicto colombiano, han sido los intentos de control a los periodistas por parte de las fuerzas de seguridad. Las interceptaciones telefónicas, las amenazas de muerte, el exilio de algunos periodistas, y las expresiones verbales directas del Presidente Álvaro Uribe criticando a comunicadores de la oposición, han generado un clima de amedrentamiento, que hace vulnerable el ejercicio profesional y alienta las prácticas de autocensura. Los periodistas, que con mayor frecuencia investigan la veracidad de las fuentes oficiales, suelen ser rápidamente descalificados como “amigos de la guerrilla.”

Una de las situaciones, que con mayor fuerza ha puesto en entredicho la política de “Seguridad Democrática”, ocurrió cuando la Fiscalía de Colombia comenzó a investigar en abril de 2009 a la Dirección Administrativa de Seguridad, conocida como DAS, dependiente directamente del Presidente de la República, por espionajes telefónicos ilegales conocidos como “chuzadas” ocurridos desde 2002 hasta la fecha. El entonces director del DAS, Jorge Noguera, fue imputado por tener vínculos directos con los paramilitares, quedando al descubierto que esta dirección estaba infiltrada por estos. Las escuchas ilegales tuvieron como objetivo a políticos de oposición, defensores de derechos humanos, jueces, diplomáticos, y periodistas, entre los cuales se contaban varios acogidos a un programa de “protección” del DAS para cumplir con las medidas cautelares dispuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La investigación sobre estos hechos puso al descubierto acciones de espionaje, sabotaje, intimidación y montajes que implicaron a los mismos agentes responsables de proteger a los periodistas.

Entre los 16 periodistas afectados están: Hollman Morris, de la productora Contravía y corresponsal en las zonas de conflicto, Claudia Julieta Duque de radio Nizkor y Daniel Coronell de la revista Semana. De esta manera, los servicios de seguridad no sólo interceptaban las conversaciones telefónicas, sino que mediante los guardaespaldas que les asignaban, ejercían un control directo sobre su trabajo en terreno. En septiembre de 2009, el Presidente Uribe anunció el cierre del DAS, pero su propuesta no tuvo acogida en el Congreso y actualmente se investigan los nexos entre los funcionarios del gobierno y los antiguos directores de este servicio de inteligencia. En el contexto electoral, se ha abierto un debate sobre el futuro del DAS, organismo sindicado como principal responsable de estas prácticas. La discusión ha puesto en tensión la relación de dependencia de este departamento con el Presidente de la República y la actuación directa del mandatario que ha contribuido a vulnerabilizar la situación de los profesionales de los medios.

Radios Comunitarias

En Popayán, Región del Cauca, se visitó a la Red de la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (RedAMCIC), que cuenta actualmente con diez estaciones de radio y nueve colectivos de comunicación de los pueblos Nasa, Misak, Yanakona, entre otros. Al igual que las radios regionales, los medios comunitarios se ven enfrentados a la falta de una estrategia de sostenibilidad integral de sus proyectos y a un creciente empobrecimiento. El Estado carece de políticas de fomento que consideren, por ejemplo, asignación de porcentajes del avisaje público destinados a promover la existencia de los medios comunitarios. Los equipos de transmisión entregados por el Estado a las radios de interés público (indígenas), en la región del Cauca, se encuentran en malas condiciones, siendo necesaria su mantención y renovación. Diversos colectivos arrastran deudas con las compañías de luz, debido al incremento del cobro de la energía eléctrica, y el impacto que ello tiene en los costos de funcionamiento de las plantas emisoras. Otras dificultades, son el pago de impuestos por el uso del espectro radioeléctrico, así como los cobros por concepto de derechos de autor que alcanzan la misma tarifa que las radios comerciales, pese a que son licencias sin fines de lucro.

Muchas de estas emisoras no cuentan con Internet para su funcionamiento y las que lo tienen expresan que la conectividad es deficiente para el trabajo de las emisoras. Como resultado de esta situación, las radios no cuentan con este recurso para el trabajo en red. En relación a la crisis humanitaria, las permanentes confrontaciones que se viven en los territorios de los pueblos originarios ponen en riesgo a las comunidades y a los procesos de comunicación que visibilizan y dan a conocer las realidades del conflicto. Los comunicadores indígenas son amenazados por todos los grupos armados (paramilitares, Ejército y guerrilla) quienes los intimidan a través de mensajes, comunicados y acciones represivas. Les impiden transmitir en su lengua y los obligan a abandonar sus territorios. Las radios comunitarias representan el derecho de la ciudadanía a ser actores de paz y a resistir al alineamiento con los actores armados. Cumplen una función como ciudadanía organizada, desafían los monopolios mediáticos y practican una comunicación identificada con una cultura de derechos. En estos años, las radios indígenas también han sufrido montajes del Ejército, quienes los acusan de ser colaboradores de la guerrilla y reciben “advertencias de muerte” de la Farc. El 27 de abril de este año recibieron otra amenaza firmada por las Autodefensas Unidas de Colombia , AUC amenazando a 36 personas, entre autoridades tradicionales y lideres del pueblo MISAK. Cuatro de ellos, integrantes del programa de comunicaciones de la emisora Namuy Wan, fueron declarados objetivo militar.

Este clima de hostigamiento afecta uno de los objetivos fundamentales de las radios indígenas, el cual es que las comunidades ocupen sus lenguas ancestrales de manera masiva a través de los medios de comunicación. Las estaciones reciben llamados tanto de militares como de guerrilleros, quienes exigen uso exclusivo del español en las emisiones de la radio. En Cartagena la misión se entrevistó con la Red de Radios de Cartagena y la Red de Radios Comunitarias de la Costa Atlántica. Participaron también comunicadores de los departamentos de Sucre y Magdalena. Cartagena es una zona de predominio paramilitar, donde se concentra un alto porcentaje de la población desplazada por el conflicto. Al igual que las radios indígenas, los colectivos de comunicación de la región de Cartagena enfrentan las mismas dificultades de sostenibilidad económicas con sus proyectos comunicacionales. Son comunidades afrodescendientes que desarrollan su identidad cultural y lingüística a través de las radios.

A juicio de los entrevistados, en el último tiempo se ha complejizado las tramitación para acceder y renovar las licencias radiales. Esta política constituye un desincentivo por parte de la autoridad para que organizaciones sociales accedan a la gestión de medios de comunicación. Uno de los puntos en cuestión tiene que ver con el derecho de las radios comunitarias a emitir propaganda política. De acuerdo a un decreto del Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, tal función sólo pueden ejercerla las radios comerciales. Sin embargo, activistas de la Asociación de Amigos de Galeras ASOAMIGA, cuestionaron la constitucionalidad de tal restricción, señalando que el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, no está facultado para restringir la publicidad política. Esta facultad, de acuerdo a la Constitución, recae sobre el Consejo Nacional Electoral.

Pese a la prohibición ministerial, las redes de comunicadores denunciaron que: “durante el debate sobre la reelección del actual presidente, el gobierno nacional firmó un decreto que autorizaba la emisión de pautas políticas”. Este hecho refleja un manejo arbitrario de la normativa aplicada a las emisoras comunitarias.

CONCLUSIONES

Esta misión constató que la protección a las radios comunitarias es una necesidad urgente. Las autoridades deben responder con prontitud y disponer medidas que protejan la vida de las y los radiodifusores indígenas de la zona del Cauca amenazada por la acción de los actores armados. Se debe también salvaguardar y garantizar el derecho de las comunidades del Cauca y Cartagena a transmitir en su lengua, respetando la vigencia de los convenidos suscritos por Colombia en materias de diversidad cultural y derechos humanos. Para favorecer el pleno ejercicio de la libertad de expresión es necesario promover políticas públicas que fomenten la radiodifusión comunitaria, garantizando transparencia en la asignación de frecuencias y distribución equitativa de la publicidad pública, de modo de salvaguardar que las radios indígenas y de comunidades afrodescendientes sean actores en plenitud de derechos del sistema de medios de comunicación.

Un factor clave para ampliar el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión es promover y proteger la producción de contenidos propios por parte de las radios comunitarias en las zonas de actuación de los grupos armados, como política de fomento a la sostenibilidad de estos medios, que garantice una mayor pluralidad en las comunicaciones.

Se debe atender especialmente la situación de las mujeres en las radios comunitarias con políticas de inclusión e igualdad, para promoverlas como agentes comunicacionales por la paz. La política de seguridad democrática ha favorecido un clima de polarización que ha tenido entre sus principales víctimas a periodistas y comunicadores, afectando al conjunto de los medios de comunicación especialmente a los más vulnerables. Atenuar esta polarización es un deber de los gobiernos democráticos, que debieran propender a una comunicación dialogante que evite la amenaza y la violencia. Por ello esperamos que el derecho humano a la comunicación y la libertad de expresión sea un tema de debate y compromiso para los candidatos presidenciales y para el futuro gobernante.

María Pía Matta

Presidenta de AMARC ALC

28 de mayo 2010