El informe surge de las declaraciones de los 4 mil paramilitares colombianos desmovilizados entre 2003 y 2006, en el marco de la Ley de Justicia y Paz, promovida por el Gobierno de Álvaro Uribe.

Esta ley establece un máximo de 8 años de carcel a los desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que relaten sus crímenes y reparen a sus víctimas.

El informe da cuenta de más de mil secuestros, mil 400 casos de reclutamiento ilícito, 2 mil 300 desplazamientos forzados y mil 600 extorsiones.

Además, la Fiscalía ha señalado que la cantidad de homicidios podría cuadriplicarse si se tiene en cuenta todavía no han sido relevado todos los datos.

Estas declaraciones permitieron abrir investigaciones por la complicidad con paramilitares. Ya hay involucrados 311 dirigentes políticos, 106 funcionarios públicos y 240 militares y policías.

Abogados y organizaciones de víctimas han señalado que todavía existen grupos paramilitares que actúan en el país.

Iván Cepeda, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), recordó que "estos grupos han estado bajo la conducción de agentes del Estado, de multinacionales y de instancias del poder político y económico".(PÚLSAR/TELESUR)