El Estado peruano suscribió en 2003 un Acuerdo de Solución Amistosa. Allí aceptó indemnizar a la familia de María Mestanza, una de las víctimas de las esterilizaciones compulsivas. También se comprometió a investigar y enjuiciar a las autoridades que diseñaron y ejecutaron dicha actividad.

La Defensoría del Pueblo de Perú logró documentar que entre 1996 y 2000 al menos 2 mil 74 mujeres fueron esterilizadas sin su consentimiento, como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar.

De ellas, 16 murieron por complicaciones posoperatorias, mientras que la mayoría de las restantes afrontan problemas de salud, complicaciones psicológicas, desempleo y aislamiento familiar.

En mayo de 2009, el fiscal Jaime Schwartz archivó el caso contra cuatro ex ministros de Salud del Gobierno de Fujimori y otros ex funcionarios. Alegó que los delitos atribuidos a los imputados habían prescrito. Se trata de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, y de homicidio culposo.

El fiscal argumentó además que no encontró evidencias de violaciones a los derechos humanos e indicó que la esterilización forzada no es un delito de lesa humanidad.

Esto señala la defensa de las mujeres que murieron o resultaron seriamente afectadas por la jamás autorizada ligadura de trompas, practicada en establecimientos de salud pública.

Rossy Salazar, defensora de Mestanza, interpuso una queja contra el fiscal Schwartz. Además, presentó ahora un informe en las deliberaciones de la CIDH, en que destacó que el Estado peruano incumple el compromiso de enjuiciar a los responsables.

Aseguró que el "archivo del caso representa el incumplimiento del Acuerdo de Solución Amistosa".

La presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía, aseguró que el Estado funciona como una unidad. Indicó que el Ejecutivo debe empeñarse en cumplir con el compromiso de investigar y sancionar a los responsables de las esterilizaciones forzadas.(PÚLSAR/IPS)

Ángel Páez
23/12/2009