Es acusado por complicidad en la comisión de delitos contra los medios de transporte, comunicación, contra la tranquilidad pública y los poderes del Estado en su figura de disturbios.

Fue luego de la cobertura informativa que desarrolló el medio que él dirige, durante las protestas amazónicas de mayo y junio pasados.

En un comunicado que lleva la firma de destacadas organizaciones internacionales defensoras de la libertad de expresión, se precisa que son "acusaciones infundadas y sin ningún argumento jurídico".

El texto sostiene que "la emisión de opiniones críticas o desfavorables a una posición de gobierno, o favorables al ejercicio del derecho de reunión y manifestación en forma de protesta, no pueden calificarse como actos de complicidad o instigación de eventuales delitos".

El comunicado de apoyo al periodista Giovanni Acate Coronel sostiene además que "la decisión del juzgado criminaliza la posición editorial, contraviniendo a la Constitución Política del Perú que proscribe los delitos de opinión". (PÚLSAR)

rt
02/11/2009