El hogar de tránsito municipal Río Acogedor tiene lugar para 150 personas pero recibe a más de 450.

El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro expresó que esta superpoblación del albergue municipal en el barrio Paciencia puede tener relación con el inicio del Mundial de Fútbol.

Este hogar de tránsito recibe actualmente a 463 personas en condiciones insalubres porque sólo tiene capacidad para 150 personas sin techo y en situación de calle.

La promotora de justicia en este caso, Patricia Villela, señaló que avisaron a la Municipalidad sobre la situación y la instaron a solucionar el hacinamiento en el albergue.

Según el Ministerio Público, esta medida también fue intento de evitar la llamada “limpieza social de la ciudad”, con la expulsión de personas sin techo de las calles en la víspera del inicio del Mundial.

Según Villela, la mayoría de las personas sin techo llegan al albergue desde las zonas que son los principales destinos de los turistas en Río de Janeiro.(PULSARBRASIL)

La llamada “Ley Gabriela Leite” fue criticada desde sectores conservadores y desde grupos feministas de izquierda.

El proyecto fue presentado por el diputado Jean Willys, del Partido Socialismo y Libertad, con el argumento de preparar al país ante el turismo sexual. La iniciativa sigue trabada en la Cámara de Diputados de ese país.

La propuesta ha generado discusiones dentro de los movimientos feministas brasileños. Desde el Colectivo de Mujeres de la Central Única de Trabajadores y desde el Movimiento de Mujeres en Lucha ya expresaron su rechazo a la iniciativa.

Entre las críticas señalan que la medida va a institucionalizar la apropiación del cuerpo de la mujer por el mercado. Además, afirman que profundizará las desigualdades de clase, género y raza.

Los defensores del proyecto plantean que permitirá mayor fiscalización de la actividad para prevenir situaciones de violencia.

Un punto de conflicto es la propuesta de legalizar la actividad del intermediario y de las casas de prostitución, hoy prohibidas por el Código Penal.

Según el autor del proyecto, Jean Willys, regular la actividad es una forma de garantizar condiciones dignas, seguras y fiscalizables.

Willys asegura que en las condiciones actuales los dueños de locales o los intermediarios se apropian de mucho más del 50 % de las ganancias.(PULSARBRASIL)

El proyecto denuncia la persecución irregular que sufren estas emisoras en Paraguay.

La iniciativa reúne las denuncias presentadas por la organización Voces Paraguay, donde se reseñan las violaciones al derecho a la libertad de expresión de las radios comunitarias.

La propuesta de declaración será presentada ante el Parlasur por el parlamentario por el Frente Guasú en ese organismo, Ricardo Canese.

Según Voces Paraguay, la persecución y criminalización de las radios comunitarias en ese país se ha agravado durante el último año. En ese sentido, la entidad denunció cierre de medios y decomiso irregular de equipos de transmisión por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

La organización que reúne a medios comunitarios también señaló que CONATEL niega entregar licencias a emisoras que cumplen un rol social reconocido desde hace más de una década.

La iniciativa también plantea establecer una audiencia pública en Paraguay sobre la libertad de expresión y pide un pronunciamiento del Parlasur por la protección de las radios comunitaras.(PÚLSAR/RADIOVIVA)

Voces Paraguay exigió diferenciar a medios comunitarios de emisoras gestionadas por políticos.

Mario Vargas, de la organización Voces Paraguay, indicó al portal E’A que sólo pueden reconocer a 80 emisoras comunitarias.

Sin embargo, en el Consejo Nacional de Telecomunicaciones existen alrededor de 600 carpetas con pedidos de autorizaciones que supuestamente corresponden al sector comunitario.

Por este motivo, desde la organización de radios comunitarias advirtieron las diferencias de sus medios con emisoras que pertenecen a discotecas, pequeños negocios y políticos.

Este señalamiento fue parte de la conversación que mantuvieron este martes las organizaciones de medios comunitarios con el presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones, Eduardo Neri González.

Allí Voces Paraguay exigió la autorización inmediata de las radios comunitarias con más de 5 años de antigüedad con expedientes en curso en la entidad responsable.

Voces Paraguay exigió, en un comunicado, la realización de un Plan Nacional de Frecuencias, el control de los vencimientos de licencias de medios comerciales, la aplicación de los Fondos de Servicios Universales y la integración del Consejo de Radiodifusión.

En la reunión también estuvieron representadas la Coordinadora Nacional de Radios Comunitarias del Paraguay, la Red de Radios Populares del Paraguay, la Red de Radios Educativas del Paraguay y la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas.(PÚLSAR/E’A)

Paulino da Silva Terena recibió disparos este lunes en Miranda, un poblado a 200 kilómetros de Campo Grande.

Se trata de un líder del grupo de indios terenas que reivindican la demarcación de la tierra indígena Pillad Rebuá.

El líder indígena de 31 años salía de su casa en la madrugada del Campamento Moreira cuando recibió dos disparos en la pierna.

El ataque pudo ser contenido por la llegada de más comuneros que se acercaron a la casa de da Silva Terena.

Según el delegado de Miranda, Luis Alberto Ojeda, el episodio fue registrado como intento de homicidio.

Cabe señalar que el proceso de demarcación de Tierra Indígena Pillad Rebuá comenzó hace más de un siglo. En 1904 el Estado reconoció por primera vez que las más de 10 mil hectáreas reivindicadas son territorio tradicional terena.

Este proceso fue cuestionado por productores rurales de la zona que alegan tener la titularidad de las tierras, entregadas por el propio Estado.

Pese a esto, en 1950 inició un proceso de demarcación que no pudo concluir por trabas judiciales.

Esta situación motivó a un grupo de indígenas terenas que ocupó a fines del año pasado una parte del territorio reclamado.(PÚLSARBRASIL)

Con ese argumento respondió Cesar Milani a un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

El informe da cuenta de las irregularidades en la causa judicial que investiga la presunta participación del jefe del Ejército de Argentina en delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja durante la última dictadura militar.

Según informó el CELS, Milani toma como propios los argumentos de que sus abogados defensores utilizaron en la causa judicial.

El pasado sábado la organización de derechos humanos cuestionó estos argumentos por ignorar los antecedentes judiciales en Argentina aplicados al juzgamiento de los delitos cometidos en el marco del terrorismo de Estado.

Además, el CELS rechazó el pedido del fiscal de la causa, Michel Horacio Salman, para cerrar la investigación.

En un reciente comunicación, la organización rechaza la invocación de la llamada “obediencia debida” por parte del jefe del Ejército en su defensa.

Es porque Milani sostiene que en el momento que se produjo el delito investigado él tenía 21 años y no ocupaba un cargo de mando.

El jefe del Ejército de Argentina es investigado por su presunta participación en el secuestro de Pedro y Ramón Olivera, en 1977 en la provincia de La Rioja, en tiempos de terrorismo de Estado en ese país.

En su defensa, Milani sostiene que en ese momento desconocía que la cárcel provincial donde se encontraban Pedro y Ramón Olivera formaba parte del circuito represivo ilegal de esa provincia.

Sin embargo, el CELS recordó la existencia de documentación donde se sostiene que tanto víctimas como fuerzas armadas conocían el rol ocupado por esa cárcel provincial.(PÚLSAR)

Son 8 jefes y 33 agentes de las policías Metropolitana y Federal por sus acciones durante un operativo.

La jueza Mónica Berdión de Crudo los procesó en la causa que investiga los delitos de “homicidio y lesiones culposas” durante el operativo policial de diciembre de 2010.

La decisión afecta al Superintendente y cinco comisionados de la Policía Metropolitana y a tres comisarios de la Policía Federal.

La medida también alcanzó a 25 agentes de la fuerza porteña y a 8 de la Federal.

La causa judicial investiga el accionar policial durante el operativo de desalojo de terrenos del Parque Indoamericano en diciembre de 2010.

Aquella jornada en el sur de la Ciudad de Buenos Aires finalizó con el asesinato de 3 personas.(PÚLSAR/LATRIBU)

Los comuneros detenidos en la Araucanía cuestionan sus condenas con el uso la Ley Antiterrorista.

Los detenidos en huelga de hambre exigen la revisión de las condenas por la utilización de testigos sin rostro en los juicios bajo la Ley Antiterrorista donde se dictaron sus condenas.

El ministro de Justicia, José Antonio Gómez, lamentó no haber podido encontrar un espacio de diálogo para superar la medida de fuerza.

Fue luego de finalizar sin acuerdo el encuentro que tuvo el Ministro este martes con los familiares de los detenidos que realizan la huelga de hambre hace más de 1 mes en la cárcel de Angol.

Fredy Marileo, vocero de los huelguistas, aseguró que el Gobierno cuestionó la credibilidad del informe médico sobre el estado de José Mariano Yancatori.

Este detenido reclamó un indulto presidencial a Sebastián Piñera y Michelle Bachelet por su delicado estado de salud.

Gómez también rechazó el traslado de otros 3 detenidos a centros de educación y trabajo, como reclaman sus familiares. Según el ministro, estos espacios carecen de seguridad para recibir a los detenidos Cristian Levinao Melinao, Leonardo Quijon Pereyra y Luis Marileo Cariqueo.

Los voceros mapuches aseguraron que los detenidos evalúan radicalizar las medidas.(PÚLSAR/RADIOAUKINKO.CL)

Con este reclamo, su familia buscaba que el Estado responda sobre el destino de Luciano.

El Juzgado Federal 1 de la localidad de Morón y luego la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazaron el pedido de habeas corpus.

Los tribunales argumentaron que el pedido de la familia del joven desaparecido y sus abogados duplicaría la investigación de la causa penal y generaría “una anarquía judicial”.

Según los abogados, la presentación del recurso busca poner a la víctima en primer plano para exigir al Estado respuestas sobre el paradero de Luciano Arruga.

Ante el rechazo de dos instancias judiciales, los representantes legales de la familia anunciaron que llevarán el pedido al Tribunal de Casación.

El caso de Luciano Arruga se convirtió en un ejemplo de la violencia institucional en Argentina. Es así porque el joven fue visto por última vez el 31 de enero de 2009 en el Destacamento Policial de su barrio, en Lomas del Mirador.

La familia del joven denuncia que desapareció luego de negarse a robar para policías de ese destacamento en la periferia de la capital argentina.

Por este motivo, apuntan a los efectivos de aquella comisaría como los principales responsables de la desaparición hace más de 5 años.

Hasta el momento, las investigaciones judiciales no han entregado resultados en la búsqueda de Luciano.(PÚLSAR)

La organización informó que el campesino Valdair Roque fue asesinado con disparos durante una emboscada.

Según el Movimiento Sin Tierra, Roque fue emboscado el pasado domingo en la puerta de su casa en el municipio de Terra Rica, en el noroeste del estado de Paraná.

Valdair Roque se sumó al MST en 1998 y en el 2000 se instaló como agricultor en un asentamiento de la organización campesina brasileña.

Roque, conocido como “Sopa”, trabajó en la formación de militantes y participaba activamente en los reclamos que realiza el MST por la puesta en práctica de la Reforma Agraria.

El Movimiento Sin Tierra exigió que se nombre a un delegado especial para que realice una investigación rigurosa que encuentre a los autores materiales e intelectuales del asesinato.(PÚLSAR)