La organización también exigió "la gestión integral territorial, mecanismos públicos regulados y transparentes con salvaguardias sociales".

La COICA condicionó a estas demandas la implantación de proyectos impulsados por los mecanismos de reducción de emisiones incluidos en la Convención Marco del Cambio Climático de Naciones Unidas.

En el mismo sentido, la organización rechazó los llamados proyectos REDD en tanto no estén garantizados los derechos de los pueblos indígenas.

Se trata de proyectos financiados por empresas o países desarrollados para colaborar con el Estado receptor en el manejo sustentable de los bosques. A cambio, consiguen derechos de emisión de gases contaminantes por esta iniciativa.

La organización señaló que este mecanismo "necesita ser reestructurado, con cambios de fondo para que los recursos vayan directamente a las comunidades".

Sobre los fondos que llegan para la conservación de la Amazonía, la COICA expresó que se siente "más cómoda con los fondos públicos, por la garantía estatal".

Por último, el dirigente Marcial Arias expresó que "el 25 % de la Amazonía está ocupada por los pueblos indígenas que conservan su territorio en su integridad".

La organización FERN y el Programa para los Pueblos de los Bosques (FPP) emitieron este año un informe sobre el Fondo creado por el Banco Mundial para incentivar la inversión en proyectos REDD.

Allí señalan que es difícil ver que estos proyectos contribuyan "a la reducción de la perdida de bosques y a garantizar el respeto de los derechos humanos". Además se advierte que el enfoque de este instrumento puede "exacerbar conflictos".

Por último, allí enfatizan que el fondo de la institución financiera avanza "en la creación de un mercado mundial de créditos de carbono forestal, antes de que los gobiernos hayan tomado esa decisión".(PÚLSAR)