La fiscal Mónica Cruz Luque, de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa de Bagua, solicitó archivar el caso por no haberse identificado a los responsables directos de los disparos que ocasionaron las muertes.

Para los indígenas de la provincia amazónica de Bagua, la propuesta de la fiscal es inaceptable. Por estos motivos, reafirmaron su demanda de justicia.

En ese sentido, el parlamentario Eduardo Nayap, de la etnia awajún, pidió al presidente del Legislativo peruano, Daniel Abugattás, que continúe en el Congreso la investigación del caso.

Del mismo modo, el presidente de la Coordinara Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Miguel Palacín, insistió en la continuidad de las investigaciones para sancionar a los responsables políticos y materiales del caso.

Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), que representa legalmente a las víctimas del Baguazo, apeló ante la Fiscalía Superior solicitando que se proceda con las investigaciones.

El coordinador de las Procuradurías Penales Corporativas y Penales Mixtas de Amazonas, Jorge Viega, también se opuso a los dichos de la fiscal.

Señaló que el caso Baguazo tiene características emblemáticas por su connotación nacional. Por ese motivo, se refuerza su necesidad de ser investigado.

El 5 de junio de 2009, la División de Operaciones Especiales de la Policía (DINOES) de Perú desalojó a nativos amazónicos que bloqueaban una carretera en Bagua.

Reclamaban contra la explotación de sus recursos naturales por parte de empresas transnacionales y por el derecho a la consulta previa. Tras los enfrentamientos, al menos 34 personas murieron entre indígenas y policías. (PÚLSAR)